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El Gobierno catalán tramita la ley de cajas por la vía de urgencia en el Parlament

El Gobierno catalán ha iniciado por el procedimiento de urgencia la tramitación parlamentaria de la ley de cajas, que alarga de cuatro a seis años el mandato de los presidentes de las 10 entidades financieras, como el de La Caixa, Ricard Fornesa, entre otras medidas. El texto entró ayer en el Parlament y hoy mismo aparecerá publicado en el boletín oficial de la cámara. El recurso de la vía de urgencia acorta su tramitación a la mitad.

Pero no todas las leyes que promueve el Gobierno correrán la misma suerte. Con la salida del Ejecutivo de los consejeros de ERC, el PSC e Iniciativa se quedan en minoría parlamentaria para defender hasta 22 leyes en tramitación, algunas de ellas de gran calado. Las habilidades negociadoras del Gobierno serán clave para lograr su aprobación. Y el tiempo corre en contra suya, pues sólo quedan cuatro plenos antes del fin del periodo de sesiones, el 31 de julio. Casi todos los departamentos tienen leyes por aprobar.

La norma prevé ampliar de cuatro a seis años el mandato de los presidentes de las entidades
La legislatura puede concluir sin que la creación de la oficina antifraude vea la luz
El Ejecutivo intentará aprobar las normativas de la vivienda y de servicios sociales antes del verano
El desmoronamiento del tripartito pone en peligro la aprobación de 22 leyes
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- Área económica. Además de la ley de cajas, está en fase final de ponencia parlamentaria la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones, así como la norma que regulará el Centro de Estudios de Opinión. El Gobierno catalán aprobó la semana pasada también el proyecto de ley para la creación de la Agencia Catalana de Turismo, herencia del ex consejero Josep Huguet al reforzado Antoni Castells.

Trabajo e Industria tiene tres leyes encalladas. La de seguridad industrial, que tiene que abrir la inspección técnica de vehículos (ITV) y las entidades de inspección y certificación a la competencia; la que alumbrará el futuro Consejo Catalán de Relaciones Laborales, y la de participación institucional, que debe regular la presencia de los sindicatos y los empresarios en las instituciones y su remuneración.

El consejero de Agricultura, Jordi W. Carnes, tiene el difícil reto de hacer aprobar una ley clave para incentivar la incorporación de jóvenes al campo, la de contratos de cultivo.

- Medio Ambiente y Vivienda. Su principal proyecto y uno de los más destacados del pacto del Tienell puede quedar en nada. Y es que no fue hasta ayer cuando la ley de derecho a la vivienda entró a trámite parlamentario. El objetivo del departamento es que se debata por la vía de urgencia pero aun así hay serias dudas sobre el calendario. El objetivo de la ley es potenciar el mercado de segunda mano de vivienda protegida y crear listas públicas de acceso este tipo de vivienda.

- Presidencia. El jueves se votará la ley de la Agencia Catalana de Servicios a la Juventud, que diseñará, ejecutará y evaluará los programas de juventud de la Generalitat. Mucho retraso lleva el proyecto de ley de creación de la Oficina Antifraude, que pretendía ser un instrumento para dar las máximas garantías de honestidad y transparencia en el manejo del dinero de los contribuyentes. Si no se acelera, su aprobación pende de un hilo, pues está prevista para después del verano, cuando el Parlamento ya puede estar disuelto.

- Gobernación. El polémico ex consejero Joan Carretero impulsó desde su departamento el proyecto de ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los funcionarios de la Administración catalana, que afecta a unos 230.000 empleados. Sigue sin aprobarse. También ha quedado encallado el proyecto de ley de modificar la ley municipal y de régimen local.

- Relaciones Institucionales. Sólo hay un proyecto que espera a adquirir el rango de ley, la de creación del Memorial Democrático, la primera institución oficial del España para la recuperación de la memoria histórica.

- Justicia. Entre las leyes del departamento de Josep Maria Vallés a punto de recibir el beneplácito del Parlamento, está la de la regulación de los colegios profesionales. También pendiente de autorización está la ley del libro tercero del Código Civil de Cataluña.

- Interior. Se queda en el tintero la ley que ha de regular el ejercicio de la prostitución en Cataluña, que el Ejecutivo debía aprobar antes del verano y que se ha convertido en la gran apuesta de la consejera Tura. Y a punto de convertirse en ley está el proyecto de regulación y centralización del servicio público de las llamadas de emergencia en el número 112. También se encuentra a las puertas de la autorización la ley de creación del Instituto de Seguridad de Cataluña.

- Bienestar y Familia. La ley de Servicios Sociales es el principal proyecto de la legislatura para este departamento y podría aprobarse antes del verano. Sin embargo, no habrá tiempo posiblemente para aprobar la Ley de Prestaciones Sociales, que establece complementos para las personas que cobran las pensiones más bajas.

- Salud. La reforma del Instituto Catalán de la Salud (ICS), buque insignia del departamento para esta legislatura, seguramente no podrá ser aprobada por falta de tiempo. La medida pretende convertir el ICS en una empresa pública con capacidad de endeudarse y descentralizarse.

- Universidades. La ley de fomento de la investigación científica también se queda en el limbo parlamentario. El próximo jueves se votará una enmienda a la totalidad.

Ni ley electoral ni ordenación territorial

La ruptura del Gobierno y el adelanto electoral se han llevado por delante algunos de los proyectos más queridos por el presidente Pasqual Maragall: las leyes de ordenación territorial con las que se quería implantar las veguerías y reconvertir los consejos comarcales.

La elaboración de estas leyes es, además, un paso necesario para llegar a otro proyecto de gran importancia, el de la ley electoral catalana. Tampoco podrá ser aprobada en esta legislatura. Tanto la ley de ordenación territorial como la electoral figuran en el Pacto del Tinell, pero ayer el presidente de Esquerra Republicana (ERC), Josep Lluís Carod, afirmó rotundamente que sus diputados no las apoyarían si el actual Gobierno bipartito llegara a presentarlas al Parlament.

Ambas normas se han retrasado a causa del desacuerdo con el ex consejero de Gobernación Joan Carretero, que se oponía a los criterios defendidos por PSC e ICV.

La creación del área metropolitana de Barcelona -otro de los compromisos del programa del Tinell -ni siquiera ha tomado forma de documento por el previo debate de si debía enmarcarse dentro del paquete de las leyes territoriales o no. La coordinación de los 36 municipios que integran el área metropolitana de Barcelona en políticas como urbanismo y vivienda deberá esperar.

La ley de fomento del cine catalán está en fase de borrador de proyecto. En estos momentos, el Departamento de Cultura negocia la norma con el sector. Estaba previsto que el proyecto entrara en el Parlamento en junio para que pudiera empezar a ser discutido a la vuelta de vacaciones.

Economía está redactando tres leyes: la que debe regular el sector público, tras el desorden detactado por la auditoría a la gestión de CiU; la reforma del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), y la que debe alumbrar la futura Agencia Tributaria.

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