Se multiplican los tramposos

El fútbol italiano ha estado, al menos durante los últimos dos años, en manos de una organización criminal dirigida por Luciano Moggi, el hombre fuerte del Juventus. Moggi controlaba la federación y la asociación de árbitros, decidía los resultados de los encuentros y componía incluso las alineaciones de la selección nacional. Esa fue la acusación planteada ayer por la Fiscalía de Nápoles, que citó a Juventus, Milan, Fiorentina y Lazio como instituciones beneficiarias de la red deportivo-mafiosa. El escándalo podría hundir al Juventus, la sociedad futbolística más importante del país, en la Serie B o incluso en las divisiones regionales.

Nunca se había visto algo así. Ni siquiera en 1980, cuando el caso de las apuestas clandestinas del totocalcio costó al Milan el descenso a la Serie B y comportó durísimas sanciones a un grupo de jugadores de primera fila, como Paolo Rossi. Aquello fue un caso de corrupción; lo de ahora, si las acusaciones de los fiscales resultan ciertas, supone la corrupción de todo el sistema. Hasta un general de la Guardia de Finanzas, el cuerpo policial que cuenta entre sus misiones la vigilancia sobre las competiciones deportivas, figura entre las 41 personas investigadas.

El portero Buffon y el sevillista Maresca aparecen en un caso de apuestas ilegales

Y la ciénaga se desborda en todas direcciones. En otro sumario, en manos de la Fiscalía de Parma, se acusa a los jugadores Buffon (Juventus), Maresca (Sevilla), Chimenti (Cagliari) y Iuliano (Sampdoria) de apostar sumas enormes, de hasta medio millón de euros, sobre partidos de resultado cuando menos sospechoso. Los fiscales trabajan sobre la hipótesis de que esos encuentros fueran amañados para proporcionar grandes beneficios a los apostadores. El asunto podría costarle a Buffon, portero titular de la selección, la participación en el Mundial de Alemania.

Los fiscales napolitanos consideran que la cúpula de la mafia del calcio estaba compuesta, además de por Moggi, por Antonio Giraudo (recién dimitido consejero delegado del Juventus), Innocenzo Mazzini (vicepresidente de la federación), Paolo Bergamo y Pier Luigi Pairetto (encargado hasta el año pasado de asignar arbitrajes) y Massimo de Santis (árbitro internacional). Las sospechas se basan en miles de interceptaciones telefónicas. Una de las llamadas, entre el árbitro De Santis y el vicepresidente Mazzini, se refiere a un partido Livorno-Siena, el gran derbi toscano, disputado el 8 de mayo del pasado año. Antes del partido, el presidente del Livorno, Spinelli, había criticado los arbitrajes. El encuentro terminó en 3-6 a favor del Siena, tras la expulsión (injustificable) de un jugador livornés a los 20 minutos. "Pobre Spinelli", dice Mazzini, "has estado espléndido, como siempre". "¿Has visto?", responde De Santis. "En un periquete uno menos".

De algunos fragmentos del sumario de Nápoles se descubre que Moggi, después de que el Juventus perdiera 2-1 con el Reggina, amenazó con violencia al árbitro culpable, Paparesta, y le encerró en el vestuario. Los fiscales consideran que la acción podría calificarse de secuestro. En otras conversaciones, Moggi planea "desacreditar" al propietario del Fiorentina, Diego della Valle, por oponerse a la reelección del milanista Galliani como presidente de la Liga Profesional, y comenta la necesidad de darle "una paliza" al entrenador Zdenek Zeman por criticar públicamente al Juventus. También telefonea al seleccionador nacional, Marcello Lippi, para decirle a quién debe convocar.

En total, los fiscales sospechan que fueron falseados los resultados de 19 encuentros de la temporada 2004-2005, en la que el Juventus venció el scudetto. La Vieja Señora del fútbol italiano se arriesga a perder ese título y a perder, por primera vez en su historia, la máxima categoría. Los investigados son, por el momento, 41; entre ellos se cuentan los dirigentes de Juventus, Milan, Lazio y Fiorentina; el presidente, el vicepresidente y el secretario de la federación; el presidente de la asociación de árbitros, dos ex responsables de asignar los árbitros a cada encuentro, nueve árbitros, un periodista de la cadena pública RAI, un general y un capitán de la Guardia de Finanzas y dos policías asignados a la Fiscalía de Roma que, al parecer, mantenían informado a Moggi sobre las pesquisas de los fiscales.

Romano Prodi, que la semana próxima debería asumir la presidencia del Gobierno, calificó de "tormenta gravísima" los acontecimientos y exigió que la corrupción fuera definitivamente extirpada del fútbol. Silvio Berlusconi, primer ministro saliente, dijo que la situación era "terrible".