El Círculo de Empresarios reclama un acuerdo de administraciones y partidos

El Círculo de Empresarios, la entidad que agrupa a directivos de las principales compañías vascas, reclamó ayer un pacto entre partidos y administraciones que evite la judicialización de las normas tributarias surgidas del Concierto Económico y la inseguridad jurídica que ello plantea a las empresas. El presidente de la patronal de Vizcaya (Cebek), José María Vázquez Eguskiza, mostró también su preocupación por los recursos interpuestos desde las comunidades limítrofes contra el Impuesto de Sociedades vasco.

Vázquez Eguskiza recalcó que la suspensión cautelar del tipo del 32,6% no crea "ningún tipo de incertidumbre" sobre la liquidación del ejercicio de 2005, que se realiza en julio. Aunque fuese anulado definitivamente antes de esa fecha, el 32,6% será el gravamen aplicable. Recordó que las tres diputaciones lo aprobaron el pasado 30 de diciembre precisamente para que La Rioja y Castilla y León no tuviesen tiempo de recurrirlo dentro de 2005.

El Tribunal Superior divulgó ayer el auto que suspende, también a instancias de Castilla y León, la norma foral de Vizcaya, con idéntica argumentación a la empleada en los casos de Álava y Guipúzcoa.

El PSE medió en la polémica a través de su secretario general de Vizcaya, José Antonio Pastor, quien responsabilizó de la situación creada al "afán de protagonismo de algún diputado general" y al PP. Pastor censuró que los populares se presenten en Euskadi como grandes defensores del Concierto y recurran el Impuesto de Sociedades desde las comunidades limítrofes que gobiernan.

Por otra parte, ayer se celebró en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo la vista de la demanda presentada contra España por la Comisión Europea por no haber recuperado las ayudas a la inversión concedidas por las tres diputaciones a finales de los años 90 y que fueron declaradas ilegales por Bruselas por distorsionar la libre competencia. Se trata de las llamadas vacaciones fiscales y del crédito fiscal del 45% de la inversión. Aunque estas ayudas fueron derogadas en 2000, Bruselas sostiene que siguen teniendo efectos y, sobre todo, exige que se devuelva su importe.