Una reforma aceptada mayoritariamente

El argumento en el que ha descansado el rechazo frontal del PP a las reformas estatutarias ha sido el de la artificialidad de dichas reformas. Estas reformas no le interesan a nadie, no han sido producto de una demanda ciudadana, sino que son única y exclusivamente el resultado de un interés de los dirigentes políticos socialistas y nacionalistas. Están creando confusión y generando un lío monumental sin ningún tipo de justificación.

Es posible que la dirección del PP tuviera razón o, al menos, parte de razón en el momento de la inicial puesta en marcha de los procesos de reforma. Pero hoy ha dejado de tenerla. La reforma de los estatutos de autonomía ha dejado de ser una cuestión de las elites políticas, para pasar a ser una cuestión aceptada de manera muy claramente mayoritaria por la ciudadanía española.

El Pulsómetro de la Cadena SER dado a conocer como consecuencia del inicio de la tramitación de la proposición de ley de reforma del Estatuto de Andalucía en las Cortes Generales lo pone de manifiesto con una contundencia notable. Los partidarios de la reforma de los estatutos de autonomía, de todos en general, no sólo del catalán o andaluz en particular, son el 58% frente al 32% que están en contra. Los que aceptan la concreta reforma aprobada por el Parlamento de Andalucía son el 48% frente al 28% que están en contra. Y los que consideran justificada la inclusión de la referencia a la "realidad nacional" en el Preámbulo de la proposición de reforma son el 58% frente al 30% que la considera inaceptable.

Cuando los resultados son tan concluyentes y tan uniformes a tres preguntas que están relacionada entre sí, pero que son distintas, no puede caber duda alguna de que la ciudadanía ha hecho suya la reforma estatutaria. Si se hubiera dado una respuesta a la conveniencia de la reforma de los estatutos en general y otra distinta respecto de la reforma andaluza y, aún dando por buena la reforma andaluza, se hubiera discrepado en la mención de la "realidad nacional", se podría discutir sobre la aceptación ciudadana del proceso de la reforma de la estructura del Estado que se ha puesto en marcha. Cuando los ciudadanos se pronuncian en los mismos términos sobre todas ellas, no se puede seguir afirmando que estamos ante un problema artificial.

Quienes están rechazando las reformas estatutarias, PP, por un lado, y partidos nacionalistas, como ERC y PA, por otro, harían bien en reflexionar sobre lo que los ciudadanos, a través de los estudios de opinión, le están diciendo. Las iniciativas de reforma podrían no haber prendido en la opinión pública, pero no ha sido así. Esto ya no puede ser objeto de discusión. Los ciudadanos, si no eran conscientes inicialmente de la necesidad de las reformas estatutarias, han acabado entendiendo la conveniencia de las mismas. Decir no, en consecuencia, carece de sentido. El debate ya no puede ser el de sí o no, sino cuál es el contenido y alcance que tiene que tener la reforma.

Empecinarse en el no conduce a la esterilidad. Las reformas van a seguir adelante y van a seguir con apoyo ciudadano. Con un apoyo creciente. Una vez que las reformas hayan sido definitivamente aprobadas y estén publicadas en el BOE las correspondientes leyes orgánicas, el grado de aceptación del nuevo bloque de la constitucionalidad será el mismo que el grado de aceptación que tiene el bloque actualmente existente. Y el que se quede fuera de dicho bloque, quedará inhabilitado para intentar dirigir políticamente el Estado. ¿Cómo puede pretender un partido que los ciudadanos le confíen la dirección de un Estado cuya estructura territorial no acepta?

Quien pretenda gobernar España tendrá que hacerlo con un bloque de la constitucionalidad integrado por la Constitución y los estatutos de autonomía reformados. Esto es algo que la sociedad española ya ha decidido. La evidencia empírica disponible es concluyente. A estas alturas del guión nadie puede llamarse a engaño.