Del desafío al 'blindaje'

Las tres diputaciones se equivocaron cuando en enero se mostraban convencidas de la simple variación de una décima en el tipo del Impuesto de Sociedades serviría para evitar que éste fuese suspendido por los recursos anunciados desde las comunidades limítrofes. Se trataba sólo de ganar tiempo hasta finales de año, para disponer del nuevo impuesto integral que están elaborando, ya que eran conscientes de que sustituir el tipo anulado del 32,5% por el 32,6% no iba a superar el examen.

Sin embargo, el sistema judicial tiene una lógica, por más que fuera discutible la sentencia del Tribunal Supremo que desmanteló a finales de 2004 el núcleo del impuesto vasco. En aplicación de esa resolución, el Superior vasco suspendió cautelarmente en octubre pasado y anuló poco después las nuevas normas forales, que repitieron de forma provocativa el 32,5% declarado ilegal por el Supremo.

A la hora de resolver el vacío jurídico creado a las empresas, las diputaciones se dividieron. La de Álava defendía no seguir desafiando a los tribunales y elevar el tipo para el ejercicio de 2005, al menos, al 33%. Así se mantenía el diferencial con el resto del Estado (el 35%) y se dificultaba posibles recursos. Sin embargo, las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, gobernadas por el PNV, elevaron el reto al acordar unilateralmente situarlo en el 32%, en contra del criterio del propio Gobierno vasco. Sólo la intervención de la dirección peneuvista y el temor a la imagen de división mostrada permitió una mínima variación al alza del 32,5% anulado, que se ha demostrado inservible. Las instituciones forales fían ahora todo en el "blindaje" de sus normas fiscales frente a impugnaciones. La fórmula elegida por el PNV es conseguir que sea el Constitucional quien las enjuicie, pero esta solución tampoco cubre el uso sin restricciones que algunos pretenden hacer de las capacidades normativas del Concierto.