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El Gobierno asegura que ejercerá sus competencias para proteger la fosa común

La ministra de Cultura pide al Ayuntamiento de Valencia "sensibilidad y responsabilidad"

La ministra de Cultura, Carmen Calvo, se mostró ayer dispuesta a ejercer sus competencias para proteger la fosa común en la que fueron sepultadas víctimas de la represión franquista en el cementerio de Valencia. Calvo se felicitó por la decisión del juzgado que, al paralizar las obras ordenadas por el Ayuntamiento, "ha colocado las cosas en un sentido de prudencia y respeto". La alcaldesa, Rita Barberá, le recordó a Calvo que el auto no es firme. El Fòrum per la Memòria del País Valencià, EU y PSPV solicitaron a la alcaldesa que acepte la paralización hasta que se investigue la fosa.

"Se trata del respeto a la memoria que, de paso, es la verdad de la historia de este país", por lo que el caso "trasciende el terreno de lo patrimonial", dijo Calvo. La ministra respondía así al senador de CiU Carles Gasòliba, quien preguntó si el Gobierno tenía previsto intervenir para salvaguardar los espacios de interés histórico y monumental del cementerio de Valencia, donde el Ayuntamiento ha iniciado la construcción de nuevos nichos sobre una fosa común en la que fueron enterradas víctimas de la posguerra.

Calvo explicó que la Generalitat tiene transferida la competencia de tutela efectiva sobre el patrimonio histórico. "Pero hablamos de poder estar delante de una posible fosa común de replesaliados de la Guerra Civil y de la memoria histórica de las víctimas. Trasciende a los elementos de protección puramente patrimonial y entramos en el terreno del respeto y de la sensibilidad de las personas, de sus familiares y de la memoria de este país", dijo.

La ministra se felicitó por el pronunciamiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valencia, que el martes ordenó la paralización de las obras de forma cautelar "con un argumento jurídico extraordinariamente contundente: se puede estar vulnerando la tutela judicial efectiva de las personas que puedan estar allí enterradas". Según Calvo, la justicia "ha colocado las cosas en un sentido de prudencia" y toca "esperar acontecimientos", pero aclaró que "llegado el caso" el Gobierno tiene competencias constitucionales para intervenir: "Estaríamos dispuestos a aportar nuestra cuota de responsabilidad". La ministra insistió en que es una cuestión que se sitúa por encima de los valores patrimoniales, por eso pidió al Ayuntamiento de Valencia "sensibilidad y responsabilidad".

El senador de CiU recordó un informe del Consell Valencià de Cultura que reclama la conservación, entre otros, del cementerio civil de Valencia, donde se encuentran los restos "de ciudadanos ilustres del patrimonio cultural universal", y de personas de diferentes religiones. El Ayuntamiento retiró hace unos años lápidas y losas en una fosa común del cementerio civil ahora cubierta de césped. Gasòliba reiteró que por la importancia de este espacio "toda intervención para la conservación está justificada". El senador dijo que el caso "puede tener consideración de patrimonio histórico europeo".

Willy Meyer, eurodiputado de IU en el Parlamento Europeo, ha trasladado a la Comisión Europea el incumplimiento por parte del Ayuntamiento del derecho internacional humanitario.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, habló en la inauguración de la avenida del Puerto sobre el auto de paralización cautelar de las obras. Es una medida "automática", recalcó, hasta que el viernes, escuchadas las partes, el juzgado se pronuncie sobre la paralización de forma definitiva. La alcaldesa añadió, no obstante, que acata la decisión. Barberá pidió "cautela" y reclamó "por favor, respeto para todos", al tiempo que solicitó "prudencia" a la ministra, a quien advirtió de que en este caso no existe una sentencia sino una aplicación automática de la ley. La alcaldesa dijo haber leído una información en boca de Calvo en la que la ministra hablaba de sentencia: "No tiene ni idea", dijo.

Poco antes la presidenta y la abogada del Fòrum per la Memòria del País Valencià, Amparo Salvador y Mercé Teodoro, respectivamente, comparecían acompañadas del portavoz municipal de EU, Antonio Montalbán, y del concejal del PSPV Matías Alonso, y mostraban su satisfacción por el auto de paralización de las obras.

"Le pedimos que no se oponga a la medida cautelar hasta que se haga una investigación sobre la fosa común", emplazaron ayer las representantes del Fòrum a la alcaldesa, en alusión al acto de conciliación judicial del viernes. La abogaga recordó, además, una reciente resolución del Consejo de Europa que exigía una condena internacional a los crímenes del franquismo. "Nos hemos sentido un poco abandonados por las instituciones públicas autonómicas y estatales", dijo Teodoro, quien subrayó que existen unos protocolos cuando se descubre cualquier resto que en este caso no se han seguido.

Montalbán lamentó que el equipo de gobierno del PP haya ignorado desde hace casi tres meses la petición de la oposición, del Fòrum y de otros colectivos sociales para que se respetasen los restos. Alonso habló de "soberbia" y "desprecio" por parte del equipo de gobierno. Más de 36 organizaciones de carácter político, social y sindical se manifestarán el sábado en Valencia para reivindicar la República y exigir al Consistorio que no construya los 1.030 nichos sobre la fosa común.

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