El Gobierno se desvincula del acuerdo sobre la ley de Dependencia firmado por Madrazo

El Gobierno se desvinculó ayer del acuerdo firmado por su consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, con el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, para aplicar en Euskadi la futura ley de Dependencia. La portavoz del Ejecutivo, Miren Azkarate, puntualizó ayer que se trata de un "acuerdo de intenciones, que no compromete" la posición que puedan mantener los grupos parlamentarios que conforman el tripartito -PNV, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua- durante el trámite que se siga para aprobar ese proyecto de ley en el Congreso de los Diputados.

Cuando el Gobierno parecía que había acallado la polémica en torno al proyecto de ley de Suelo, donde el PNV también se ha distanciado de la iniciativa pactada entre Madrazo y los socialistas, la historia vuelve a repetirse con la ley de Dependencia estatal. La portavoz tuvo que afrontar ayer en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno un bombardeo de preguntas sobre el desmarque protagonizado por el grupo parlamentario del PNV en Madrid, que ha anunciado su rechazo al proyecto de ley de Dependencia. Según el PNV, al que se han sumado las tres diputaciones, el acuerdo lo suscribió "el departamento de Madrazo, pero no el Gobierno vasco". De acuerdo con esta versión, el consejero poco menos que actuó por su cuenta cuando pactó con Caldera, el pasado 20 de abril, algo que rechazan su departamento.

Miren Azkarate precisó que el consejero Madrazo rubricó un "principio de acuerdo, nada más". Ese principio recoge, según la portavoz, una parte de los contenidos de la declaración institucional que en marzo aprobaron el Gobierno vasco, las tres diputaciones y la Asociación de Municipios Vascos-Eudel, en la que rechazaron de manera categórica el proyecto de ley de Dependencia por estimar que invade competencias autonómicas y obvia el trabajo que desarrollan ayuntamientos e instituciones forales en el campo de los servicios sociales. "El Gobierno únicamente está detrás de esa declaración", zanjó.

Mes y medio después de ese pronunciamiento, Madrazo y el ministro Caldera firmaron el principio de acuerdo para aplicar el proyecto. La incorporación de varias disposiciones al texto, como la financiación de la aportación estatal mediante descuento del Cupo, hizo posible la firma. El acuerdo también reconoce "el peculiar marco normativo del País Vasco por lo que tiene que ver con el relevante papel de las diputaciones y los diferentes ayuntamientos en la atención de la dependencia". La sorpresa llegó la pasada semana en el Congreso, cuando Caldera compareció para explicar los pormenores del proyecto y se encontró con el rechazo frontal del PNV.

Azkarate insistió varias veces en que el propio Madrazo indicó al firmar con Caldera que ese acuerdo no comprometía a los grupos parlamentarios. La portavoz se aferró a esta circunstancia para asegurar que "el apoyo final está pendiente de cómo quede la ley después de su tramitación y de que se respeten las competencias recogidas en el Estatuto de Gernika. Ahora le corresponde al Ejecutivo central recabar los apoyos necesarios".

Las instituciones vascas rechazaron en su momento el proyecto de ley por varias circunstancias, aunque fundamentalmente por la invasión de competencias. En su declaración, tachaban el borrador de confuso en una cuestión relevante: la financiación. Según las instituciones, ni se explica cuánto dinero debe poner Euskadi ni la forma de desembolsarlo, bien mediante una aportación directa o por medio de descuentos en el Cupo. Esta es la fórmula que finalmente se ha aceptado.

Además, también solicitan que las prestaciones a las personas impedidas se incluyan dentro del sistema de la Seguridad Social. La futura Ley de Dependencia garantizará los derechos de los ciudadanos que no pueden valerse por sus propios medios y que necesitan ayuda para las labores cotidianas, que en el caso de Euskadi son alrededor de 50.000.