El Ayuntamiento de Bilbao pagó 2,5 millones más de lo debido para liquidar su matadero

El Ayuntamiento de Bilbao pagó 2,5 millones de euros más de lo debido por la liquidación del matadero municipal, materializada hace más de un año, según el Tribunal Vasco de Cuentas. El portavoz del PSE Txema Oleaga denunció ayer "la falta de transparencia" de este proceso y el incumplimiento de un acuerdo del pleno de Bilbao, que aprobó la recolocación y la prejubilación de los 60 trabajadores. "En vez de prejubilar se despidió" a 24 empleados, señaló Oleaga, lo que elevó el coste de la operación a 3,6 millones de euros. La liquidación ha sido investigada por el Tribunal Vasco de Cuentas.

El PSE censura que se incumplió el acuerdo del pleno municipal de recurrir a jubilaciones anticipadas

El Matadero Municipal, en funcionamiento desde 1992, quedó disuelto el 31 de marzo de 2005 después de que el gobierno local adujera que se encontraba en quiebra técnica. Seis meses antes, la liquidación fue acordada por el pleno con la condición de que sus 60 trabajadores fueran recolocados o accedieran a prejubilaciones o bajas incentivadas.

Un informe económico, cuya elaboración era obligatoria para justificar la liquidación, establecía entonces el coste de la salida de los trabajadores en cerca de 900.000 euros. Sin embargo, en otro pleno celebrado en abril de ese año se aprobó una disposición presupuestaria para hacer frente a "las jubilaciones anticipadas" de trabajadores del matadero municipal, que se cifró en casi 3,6 millones de euros.

Esta cifra llevó a los partidos de la oposición, que habían rechazado el cierre de las instalaciones de Zorroza, a investigar lo sucedido. El Tribunal Vasco de Cuentas, que también inició una fiscalización de las cuentas, está a punto de concluir su informe, que detecta anomalías en el proceso de disolución.

El órgano fiscalizador considera irregular el sistema de liquidación utilizado por el Ayuntamiento. En su informe, señala que en el caso de los 24 empleados no recolocados tenía que haber optado por las prejubilaciones o, en su defecto, por un despido colectivo, que supone una indemnización de 20 días por año trabajado. La sociedad municipal del matadero optó en cambio por la vía del despido, que supone indemnizaciones de 45 días por año, con lo que el importe pagado ha sido de 3.599.462 euros. Si se hubiera recurrido al despido colectivo, la cantidad se habría quedado en 1.047.000 euros, por lo que el Ayuntamiento abonó 2,5 millones más de lo debido.

Las indemnizaciones han beneficiado, además, a empleados cercanos a la edad de jubilación. El más joven tenía 56 años y uno de ellos, que recibió 92.000 euros, se jubilaba en las fechas de la disolución. A esto se suma el caso del antiguo gerente, Enrique Aldekoa, que recibió la cantidad más alta -302.000 euros- y poco después fue designado alto cargo en el Departamento de Agricultura de la Diputación de Vizcaya, donde permanece.

El PSE calificó ayer de "chapuza y engaño" la liquidación del matadero y habló de un "despilfarro de las arcas del ayuntamiento de 2,5 millones de euros". Su portavoz Txema Oleaga denunció que se han saltado "todas las normas laborales" y se ha actuado en "contra de lo que acordó el pleno del Ayuntamiento", que no contemplaba la posibilidad de los despidos. "Es uno de los hechos más graves de este mandato", opinó Oleaga, quien resaltó que ningún órgano municipal aprobó la decisión de sustituir las prejubilaciones por los despidos. El portavoz socialista dijo que el 31 de marzo de 2005 se celebró una consejo de administración del matadero, en la que no se aportó información sobre la negociación con los trabajadores. Pero ese mismo día se firmó el acuerdo con los despidos y las indemnizaciones. "Para colmo, en el acuerdo no se recogía nada referente al antiguo gerente", que recibió los 302.000 euros. Los socialistas agregaron, como otra irregularidad más, que en el pleno de abril de 2005 se llevó una propuesta para realizar una transferencia económica para el matadero, cifrada en esos casi 3,6 millones, pero bajo el concepto de "jubilaciones anticipadas". Oleaga valoró que esta operación "estaba perfectamente pensada" y responsabilizó de la misma a los concejales de Promoción Económica, Ricardo Barkala, y de Salud y Consumo, Joseba Ruiz de Loizaga, y al representante de la empresa del matadero, Ibon Arambarri. El PSE, que esperará al informe final del Tribunal de Cuentas, no descartar llevar el caso a los juzgados.