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Un trabajador de la Generalitat declara al fiscal que fue despedido por no pagar a ERC

Un alto cargo de Juventud reconoció los hechos ante decenas de empleados

Un trabajador eventual de la Secretaría General de la Juventud de la Generalitat de Cataluña declaró ayer al fiscal que fue despedido de su empleo tras negarse a pagar cuotas a ERC para financiar el partido. El empleado, cuya identidad no quisieron revelar fuentes judiciales ante el temor de que sufriera nuevas represalias, fue readmitido en su puesto de trabajo dos meses después con el mismo sueldo e idénticas funciones. Un alto cargo de Juventud reconoció ante decenas de empleados de ese negociado que el motivo real del despido era el impago de las cuotas.

El testigo de cargo recibió la carta de despido el pasado 10 de marzo y, a pesar de que la readmisión no se produjo hasta al cabo de 45 días, el nuevo contrato laboral que se le realizó se fechó el 11 de marzo, de manera retroactiva, según explicaron fuentes judiciales. En la carta de despido se argumentaba la finalización del servicio como causa de no renovación, lo que provocó un revuelo de decenas de trabajadores de Joventud que se encontraban en la misma situación y que, por el contrario, seguían en sus cargos. Todos ellos, exigieron una explicación a los responsables del departamento, con los que mantuvieron varias entrevistas.

Al margen del testigo de cargo fueron despedidos otros tres trabajadores, aunque ninguno de éstos había recibido la carta. Dos de ellos fueron readmitidos tras la amenaza de los afectados de acudir a los tribunales y el tercero rechazó la oferta.

Cartas y llamadas

En los encuentros entre los empleados y los responsables de Juventud, un cargo de confianza, Jordi Anguera, admitió sin reparos que el despido se había producido porque el trabajador había incumplido la carta financiera de Esquerra Republicana (ERC). El trabajador despedido había estado recibiendo durante meses varias cartas y llamadas telefónicas en las que se le exigía el pago de cuotas y siempre se negó. El afectado ya trabajaba en la Secretaría General de la Juventud en la época de CiU y actualmente ocupa el cargo de director del área de Turismo Juvenil de Cataluña (Tujuca), empresa pública de la Generalitat adscrita al departamento del primer consejero, Josep Bargalló.

A la declaración de este testigo de cargo ante la fiscalía se sumó ayer la comparecencia de otros trabajadores eventuales, quienes ratificaron haber recibido las cartas y las llamadas telefónicas para que ayudasen a financiar el partido. En total, la fiscalía ha cursado más de 50 citaciones e investiga si los hechos podrían constituir un delito de coacciones o extorsión a los trabajadores.

Entre las comparecencias de ayer figura la de Jordi Beumala, coordinador territorial de Juventud en Barcelona. En esas declaraciones ante la fiscalía, los Mossos d'Esquadra, que actúan como policía judicial, muestran a los testigos los cinco modelos de carta que envió el entonces secretario de Organización y Finanzas del partido, Xavier Vendrell, actual consejero de Gobernación. En cada caso, los testigos explican qué tipo de carta recibieron.

Las mismas fuentes judiciales explicaron que la declaración de Beumala fue en la línea de las que prestaron el lunes David Pérez y Marta Angerri, también empleados de la Secretaría General de la Juventud y quienes explicaron que se sintieron amenazados e intimidados al recibir las cartas de Vendrell.

Otro de los testigos que comparecieron el pasado lunes en la fiscalía fue Francesca Pellicer Aiguadé, funcionaria de la Generalitat desde 1982, que también recibió una carta en la que se le reclamaba el pago de cuotas. La mujer acudió el pasado 5 de abril a la fiscalía para denunciar los hechos, cuando trascendió el asunto. El partido admitió que se equivocó con ella y que nunca debió haber recibido la carta, porque no era militante del partido ni formaba parte del personal eventual.

La carta de requerimiento de pago fue recibida en el domicilio particular de Pellicer. La funcionaria se ratificó en su denuncia y explicó que sufrió acoso laboral en febrero de 2004, cuando se negó a rellenar un formulario de afiliación a ERC.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de mayo de 2006