El Ejecutivo alarga el mandato de los presidentes de las cajas de ahorro

El Gobierno de la Generalitat aprobó ayer la reforma de la ley de cajas catalana, que según el Ejecutivo persigue básicamente "reforzar los órganos de gobierno de estas entidades". La modificación legal de mayor impacto es el alargamiento de los mandatos de los consejeros y vocales de cuatro a seis años, en línea con la legislación estatal, lo que implica que los presidentes de las cajas catalanas podrán permanecer en el cargo dos años más de lo previsto. Sin embargo, la incertidumbre política que rodea al tripartito podría impedir que esta ley se aprobase en el Parlament.

De forma excepcional, la aplicación de la norma permitirá superar el tope legal total de 12 años para los mandatos encadenados. El texto regula por primera vez las funciones del presidente de las cajas, que serán de representación y nunca ejecutivas, y que podrán ser retribuidas según la dedicación. Las dietas que cobran consejeros y vocales las decidirá, en lugar de la Generalitat, cada caja. Ésta deberá ampliar su objeto social para incluir en él los principios de buen gobierno y responsabilidad social.

La ley exigirá que las cajas que designan consejeros tengan representación social y económica "relevante", y deja claro que las fundaciones que canalizan toda o parte de la obra social de las cajas tendrán carácter instrumental y estarán al servicio de los objetivos de las entidades. Además de esta reforma, el Gobierno catalán también dio luz verde a los siguientes proyectos:

- Agencia Catalana de Turismo. Para promocionar Cataluña como "destino turístico de referencia internacional", el Gobierno aprobó el proyecto de ley para la ceación de la Agencia Catalana de Turismo. Este órgano, adscrito al Departamento de Comercio, abre un nuevo modelo de cofinanciación y participación mixta entre el sector público y el privado. La agencia ejercerá las funciones de planificación, coordinación, ejecución e impulso de las acciones de promoción turística.

- Derechos de la infancia. Seis años después de la creación del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, el Gobierno aprobó ayer un decreto que modifica su nombre -pasará a denominarse Observatorio de los Derechos de la Infancia- y su composición. Se formará un órgano asesor y consultivo en el que participarán entidades públicas y privadas, y expertos en la materia.

- Relaciones internacionales. A través del decreto de reestructuración de la Secretaría de Relaciones Internacionales aprobado ayer, el Ejecutivo suprime las áreas de Relaciones Territoriales y de Coordinación Exterior, cuyas funciones quedarán asumidas por otras oficinas.

- Nombramiento. Joaquim Gascó asume el cargo de director general de Vivienda, en sustitución de Carme Trilla.