Sobran los motivos para movilizarse el 10-M

El próximo 10 de mayo la ciudadanía de la Comunidad de Madrid está llamada a movilizarse en defensa de una enseñanza pública de calidad. Más allá de las razones que asisten al profesorado para secundar la huelga, convocada por la negativa del Gobierno regional a negociar la renovación de sus acuerdos laborales, CC OO y UGT junto con las asociaciones de padres y madres de alumnos y otras organizaciones sindicales, sociales y políticas convocamos al profesorado a la comunidad educativa y a la sociedad a reclamar al consejero de Educación y al Gobierno regional presidido por Esperanza Aguirre un cambio de rumbo en las políticas educativas, que se definen por el escaso respeto a los acuerdos firmados el 9 de marzo del 2005, por el abandono de la enseñanza pública y por su furor privatizador.

El presupuesto universitario ha crecido por debajo de la media anual

En algunas zonas, el 100% de los alumnos de integración está en centros públicos

La preocupación de UGT y CC OO por el deterioro paulatino de la enseñanza pública que viven en primera persona día a día los profesionales de la enseñanza, es compartida por todas y todos los trabajadores que consideran que la educación en igualdad y para la igualdad es el único objetivo posible y la mejor garantía de un futuro de libertad, queriendo desterrar y dejar atrás la escuela selectiva, segregadora y discriminatoria, que algunos pretenden resucitar en aras a "nuevas" ideologías importadas y utilizando como estandarte la libertad de empresa y la libre elección de centros, ayudados por una campaña sistemática de desprestigio de la enseñanza pública.

Esta actuación del Gobierno regional madrileño ha creado las condiciones para que la libertad que tanto predican no sea efectiva y que, por tanto, los padres no sean libres para elegir el centro educativo. Salvo excepciones, los centros concertados de facto realizan una selección del alumnado. Ésta, fundamentalmente, se verifica a través de cuotas complementarias que, en muchas ocasiones, pueden incluso superar los 200 euros al mes. Además, la carencia de inversión en los centros públicos más antiguos provoca una pérdida de imagen de los mismos ante la sociedad. Así, la proporción de alumnado con necesidades de apoyo educativo es muy superior en los centros públicos que en los concertados; en algunas zonas, como, por ejemplo, Vicálvaro, en el curso 2004, el 100% de los alumnos de integración estaba en centros públicos. Este modelo nos ha devuelto a un sistema reproductor de las desigualdades de origen y que al mismo tiempo discrimina a los profesionales de la educación y en sus posibilidades de promoción.

Un análisis avalado por los datos que reflejan año tras año un incremento del gasto de educación no universitaria por debajo de la media de los presupuestos, mientras que las partidas presupuestarias destinadas a conciertos superan los dos dígitos. Todo ello ha conducido a que en la actualidad el peso de la educación concertada en nuestra Comunidad supere el 20%, lo que conlleva que, mientras continúe esta línea política e ideológica, en pocos años superará a la enseñanza pública. Política impulsada además con la cesión de terrenos públicos para la construcción de centros de enseñanza privada, que si bien dio sus primeros pasos en diversos Ayuntamientos gobernados por el Partido Popular en el año 2000, en la actualidad se ha generalizado con 37 centros, lo que está significando en la práctica que las administraciones locales que necesitan incrementar sus dotaciones escolares por necesidades demográficas, sólo consigan su objetivo si se supeditan a la política de creación de nuevos centros puesta en marcha por el Gobierno regional, aunque su gestión se encomiende a empresas del sector de restauración o a fundamentalistas católicos: Tiempos Más Nuevos, Comunión y Liberación, Opus Dei... Incluso centros privados con baja matriculación han obtenido el concierto para subsistir a costa del alumnado de los centros públicos

Prueba de ello es que en el periodo comprendido entre los años 1995 a 2005 las unidades escolares totales en centros públicos han crecido un 2% mientras que las unidades concertadas en colegios privados se han incrementado en un 56,28%. Más claro aún se refleja en la Educación Infantil donde de las 3.637 unidades nuevas creadas desde el curso 1999 más de la mitad corresponden a unidades concertadas, con un espectacular incremento porcentual del 636% de las existentes en el curso mencionado, que contrasta con el incremento del 22% de las unidades públicas en este tramo educativo y con el 47% de incremento de las plazas totales.

La distribución del gasto público educativo orientado claramente, como se ha expuesto, a potenciar los conciertos, explica la política de la Consejería de Educación, que no atiende las reivindicaciones de los directores de los centros educativos públicos, que son propiedad de todos los ciudadanos y que reclaman más recursos para gastos que son imprescindibles para acometer cualquier proyecto de calidad. El dinero de nuestros impuestos se destina a crear infraestructuras educativas privadas que ofertan aulas dotadas de nuevas tecnologías, con instalaciones para talleres, polideportivo cubierto, piscina climatizada o pistas exteriores, como algún Ayuntamiento publicita al adjudicar las parcelas inicialmente destinadas a construcción de colegios públicos, instalaciones que con total seguridad no dispondría si la titularidad del centro fuera pública. Además, la posible rentabilidad de las parcelas cedidas se pierde para las arcas públicas, pues los cánones de cesión llegan a ser tan bajos como 0,23 euros por metro cuadrado al año, cuando el alquiler medio de un piso en Madrid está a 187,7 euros por metro cuadrado al año: ¡¡894 veces más caro!!

Los compromisos del Gobierno regional respecto a una nueva normativa de escolarización, que contrarreste el actual desequilibrio en la escolarización del alumnado con necesidades de compensación educativa entre la enseñanza pública y la concertada, son papel mojado porque no se han adoptado medidas para evitar que la enseñanza pública con un 55% de la oferta educativa, escolarice el 77% del alumnado inmigrante, concentrando la mayoría de las aulas de compensatoria y el mayor porcentaje de aulas de garantía social.

Tampoco la administración educativa madrileña ha puesto en marcha el plan de atención preferente en la Educación Secundaria Obligatoria, que permita reducir los porcentajes de fracaso escolar a través de la dotación de mayores medios y recursos y mejorando la atención a la diversidad del alumnado, por no hablar de las medidas comprometidas para la mejora de la convivencia escolar, fenómeno que es objeto de atención creciente por parte de los medios de comunicación y de la sociedad, pero cuyas medidas previstas brillan hoy por su ausencia.

El compromiso de incrementar las plazas públicas en educación infantil o en Formación Profesional, tropieza de nuevo con la tozudez de los datos: más 20.000 familias no han podido acceder a la plaza demandada en una escuela infantil pública; casi 3.000 alumnos/as se han quedado sin poder acceder a los estudios de Formación Profesional de grado superior de su elección... cifras bastante similares a las de cursos anteriores. ¿Dónde queda aquí la libertad de elección de la que alardea el consejero? Las familias que no obtienen la plaza solicitada en una escuela infantil pública, han de recurrir a las guarderías privadas. Los demandantes insatisfechos de estudios de FP han de conformarse con estudiar otra cosa o bien acudir a realizar los estudios de su elección a academias privadas.

Este catálogo se completa con el olvido de la ampliación del servicio de comedor para los alumnos de secundaria, con un incremento de las ayudas para libros de texto que se ha visto empañado por la promesa de la presidenta en el Debate del Estado de la Región de dar los libros gratis a las familias numerosas independientemente de su nivel de renta y por la no incorporación de otros profesionales a los centros educativos: cuidadores para educación infantil, mediadores para la educación secundaria, profesorado de apoyo, monitores para ampliar los planes de apertura de centros fuera del horario o del calendario escolar.

En el ámbito universitario la situación se repite, porque la autorización de cuantas solicitudes se le presentan para instalar universidades privadas, a todas luces innecesarias, han provocado que el numero de éstas sea superior a las públicas -seis universidades públicas frente a ocho privadas-, que acaban siendo financiadas con dinero público por mecanismos indirectos como las becas a la excelencia o el acceso a programas europeos. Sin embargo, la financiación de las universidades públicas madrileñas no ha alcanzado todavía los estándares que existen en los países de nuestro entorno. Para paliar este déficit, no se ha realizado en el presupuesto regional un esfuerzo suplementario, una vez recibidas las competencias en materia universitaria. En los últimos cinco años, el presupuesto universitario ha crecido por debajo de la media anual de crecimiento de todo el presupuesto regional.

La universidad madrileña necesita un cambio de rumbo en la política universitaria que ponga en el centro de las prioridades regionales las universidades públicas, las enseñanzas universitarias y el sistema de investigación, desarrollo e innovación regional.

Ha llegado el momento de poner límites a esta progresiva, constante y permanente política que persigue el deterioro de la enseñanza pública y que como contrapartida ofrece una enseñanza privada financiada con fondos públicos, lo que obliga a unirse a profesores, estudiantes y padres de alumnos en defensa de la enseñanza pública de calidad que permita que la libertad de opción de los padres no se encuentre condicionado por la desigual distribución del gasto público en materia educativa.

Está en juego el futuro de la educación como un derecho de todos/as y no como un negocio que defiende un interés lucrativo, que por una parte plantea la insuficiencia de las cantidades que recibe en función de los conciertos, pero que al mismo tiempo no pierde la oportunidad de incrementar sus unidades escolares mediante conciertos.

Para CC OO y UGT, mejorar la educación es básico para el futuro de la Comunidad de Madrid. No sólo para formar ciudadanos libres y responsables, para procurar mayores niveles de formación para avanzar hacia una sociedad más justa y cohesionada, sino también para garantizar mayores cotas de prosperidad. No es razonable que sigamos ostentando los últimos lugares del Estado en gasto educativo por alumno o en gasto educativo en relación al PIB regional. Y es menos razonable todavía que las políticas educativas del gobierno regional erosionen el único instrumento capaz de garantizar estos objetivos: la enseñanza pública.

Por ello, UGT y CC OO conjuntamente con las asociaciones de padres y madres de alumnos y organizaciones políticas, sindicales, sociales y vecinales invitamos a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid a manifestarse el próximo 10 de mayo a las siete de la tarde, en la plaza de Colón: Por una enseñanza pública de calidad.

Francisco Javier López Martín es secretario general de CC OO-Madrid y José Ricardo Martínez Castro es secretario general de UGT-Madrid.