Un abogado en cada escuela

La convivencia en los centros escolares se ha "deteriorado" en los últimos años, según admitió el Ministerio de Educación, cuando firmó recientemente con los principales sindicatos de la enseñanza un acuerdo que espera mejorar el ambiente de los colegios e institutos, tanto para que los alumnos puedan estudiar en mejores condiciones, como para que los profesores desarrollen tranquilos su trabajo.

Los casos graves de acoso o violencia son cuantitativamente escasos -afectan al 2,7% de los estudiantes de primaria y secundaria, según el Ministerio de Educación-, pero pueden alterar profundamente la vida del centro en general y de los estudiantes y profesionales implicados en particular, dice José Antonio Martínez, representante de la Asociación de Directores de Instituto.

"No hay que judicializar la docencia, pero las leyes son para todos", dice una experta

Los casos graves afectan al 2,7% de los alumnos de primaria y secundaria

Precisamente, la mayor conflictividad se produce en los centros de secundaria y, además, entre docentes y alumnos. Como ejemplo puede servir una estadística de Castilla y León, recabada en el 90% de sus 1.117 centros docentes durante el primer trimestre de este curso: el 80% de los chicos y chicas implicados en las 11.892 incidencias por problemas de convivencia eran de secundaria. Y el 62% de esas incidencias han sido entre profesores y alumnos. Los casos graves fueron 22.

Uno de los puntos del Plan de Convivencia, recién firmado entre el Ministerio de Educación y los principales sindicatos, garantiza respaldo jurídico a los profesores y alumnos víctimas de acoso o violencia escolar. En la actualidad, si un alumno o alguien de su familia agrede a un profesor, o viceversa, la víctima no cuenta con asistencia por parte de la Administración si quiere llevar la cuestión a los tribunales.

Excepto en la Comunidad de Madrid, donde funciona desde este año un servicio de asistencia, aunque sólo para los docentes, que cubre estos casos. Se puso en funcionamiento a principios de este curso y, desde entonces y hasta febrero, han llevado 42 casos. "Afortunadamente, estos casos, aunque graves, son minoritarios", señala el consejero de Educación madrileño, Luis Peral. Desde CC OO han criticado la "eficacia" de este servicio, subcontratado con una empresa privada, pero en la consejería aseguran que no han recibido ninguna queja.

"Judicializar la vida de los centros es una auténtica barbaridad. Sin embargo, en los casos de acoso y agresiones sí recomendamos que se denuncie", asegura José Antonio Martínez. De hecho, los conflictos que llegan a los tribunales son relativamente pocos y, además, los docentes son "reacios" a denunciar a los chicos, asegura Carmen Perona, abogada experta en estos temas de los servicios jurídicos de CC OO. "No creo que haya que judicializar la docencia, pero las leyes son para todos y hay que aplicarlas", sostiene. Asegura que los casos que más sufren los docentes son los de acoso, tanto por parte de los alumnos como de sus familiares, aunque también menciona situaciones, en las que ella ha intervenido, de estudiantes que llenan de petardos el baño mientras el profesor está dentro, o que destrozan su coche.

Para Carlos Gómez, director general de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de Andalucía, se trata de "mandar un mensaje de apoyo a los profesores, para que trabajen bien, tranquilos y respaldados". Andalucía acaba de aprobar un decreto sobre convivencia escolar que incluye también un servicio de asistencia jurídica para docentes que no contempla la asistencia en el caso de violencia o acoso entre alumnos.

El Plan del ministerio, de momento, se queda en una frase dentro del acuerdo en lo que se refiere a la asistencia jurídica y, como una buena parte del plan, tendrá que acordarse con las comunidades autónomas, que son quienes prestarán el servicio. Sin embargo, el subsecretario del Ministerio de Educación, Fernando Gurrea, que negoció con los sindicatos el acuerdo sobre convivencia, asegura que tanto los profesores como los alumnos agredidos tendrán "la asistencia jurídica necesaria" cuando se produzca acoso o agresión.

Y más allá de estas situaciones, los sindicatos celebran la medida porque los docentes se verán respaldados en las situaciones que más veces llegan a los tribunales: cuando un alumno tiene un accidente durante el horario lectivo y sus familiares denuncian al maestro. Si lo hacen en el juzgado de lo contencioso administrativo, no existe mayor problema, ya que la legislación actual asegura la asistencia jurídica en estos casos, explica Perona. También es la vía más sencilla y menos costosa para los padres, asegura la abogada de CC OO Carmen Perona.

Pero si, como ocurre en la mayoría de los casos, denuncian por la vía penal, el profesor no cuenta con asistencia y, después de un desagradable proceso, resulta que no existe causa penal -"en el 98% de los juicios, el juez desestima la denuncia por eso", asegura Perona- y, además, a los padres del alumno les cuesta mucho más dinero: "Por lo contencioso administrativo puede costarles 600 euros y por lo penal alrededor de 3.000", asegura la abogada.