Ocho consejerías desvían a bancos sus pagos a proveedores para sortear el plan de estabilidad

Ocho consejerías del Gobierno autonómico que preside Francisco Camps admiten o asumen en otras tantas respuestas parlamentarias que difieren los pagos a sus principales proveedores a través de una fórmula habitual entre comerciantes, el denominado confirming. El mecanismo diseñado por la Consejería de Hacienda permite a los proveedores cobrar sus facturas al depositar en siete entidades financieras concertadas documentos que confirman el pago por parte de la Generalitat en un plazo máximo de 120 días. Los proveedores anticipan el cobro, pero renuncian al interés financiero que obtienen los bancos o cajas. Nadie aclara cuándo cobran efectivamente las entidades financieras implicadas.

Cristina Moreno, portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, remitió una batería de preguntas parlamentarias a cada una de las consejerías de la Generalitat para intentar establecer hasta dónde se había extendido una práctica que Vicente Rambla, consejero de Sanidad, admitió utilizar para diferir el pago a sus proveedores a mediados de 2005. De las respuestas obtenidas se desprende que prácticamente todos los departamentos de la Generalitat han recurrido al confirming para maquillar su situación presupuestaria. Sólo la Presidencia y la Vicepresidencia del Consell, y los dos departamentos que gestionan los consejeros sin cartera, Esteban González Pons y Gemma Amor, niegan taxativamente haber recurrido nunca a la fórmula del confirming para cumplir sus obligaciones con sus proveedores.

El resto de departamentos ofrecen dos tipos de respuestas que aluden a las fases contables de la gestión presupuestaria. La contabilidad de las cuentas públicas pasa por cuatro fases. Los gestores anticipan la necesidad de un pago, fase A; confirman la inminencia del pago y reservan los fondos correspondientes, fase D; reciben una factura y asumen la obligación del pago, fase O; y efectivamente, pagan, fase K.

Miguel Peralta, responsable de Justicia, por ejemplo, "informa que los pagos que se puedan realizar a través del sistema de descuento bancario no generan en esta consejería ningún tipo de expediente específico". Vicente Rambla, consejero de Sanidad y ex consejero de Hacienda, desciende al detalle: "De acuerdo con la normativa contable, la tramitación de los pagos efectuados por esta consejería alcanza, en última instancia, la fase de propuesta de pago, formalizada mediante documento contable K". Y sigue: "El procedimiento de gestión de anticipos a acreedores o de descuento bancario (sistema confirming) se incorpora a dicha tramitación una vez se ha efectuado la citada propuesta, circunstancia que determina el que este departamento no sea el competente para verificar el modo en que el pago se materializa de manera efectiva". Es decir, le pasa la pelota a Hacienda, como el resto de consejeros. A las claras, Alicia de Miguel, Rafael Blasco, José Ramón García Antón, Juan Cotino o Milagrosa Martínez. Escuetamente, Alejandro Font de Mora. Sin bajar al detalle, el citado Peralta o Justo Nieto.

Gerardo Camps, consejero de Hacienda, recurre al mismo subterfugio que sus compañeros de Consell, pero a la inversa. Puesto que cada departamento custodia los expedientes relativos a los pagos a proveedores a través del sistema confirming, Hacienda asegura desconocer el volumen de facturas diferidas hacia entidades financieras porque sólo se incorporan a la contabilidad pública cuando alcanzan la fase K, "sin que existan diferencias respecto al resto de expedientes de pago a acreedores".

El sistema confirming fue acordado por la Generalitat con siete entidades financieras: Banco Santander, BBVA, Bancaja, CAM, La Caixa, Banco de Valencia y Ruralcaja. El convenio que firman los proveedores que optan por acogerse al descuento bancario establece expresamente la renuncia al cobro de intereses de demora, unos intereses fijados en siete puntos por encima del tipo bancario de referencia, el Euribor. Los bancos pueden cargar un máximo del 0,75% por encima del Euribor a la Generalitat, según el mismo convenio. Pero no está nada claro cuál es la reacción de las entidades financieras cuando, pasados 120 días del anticipo del pago, acuden a la Generalitat a reclamar su dinero. Un alto funcionario de una de las consejerías más gastadoras asegura que "cuando los bancos exigen cobrar, se les insta a reclamar, como a todo el mundo".

Como resultado, las tensiones que sufrían los proveedores de la Generalitat, que en algunos casos cobraban hasta con dos años de retraso, se trasladan a los bancos, mucho más solventes. Pero, como indica Cristina Moreno, "con esta estrategia el Consell pretende sortear las exigencias del plan de estabilidad pactado con el Gobierno central y falsea las cuentas públicas".