La gestora pide al juez documentos para saber la realidad urbanística

La comisión gestora de Marbella aún no ha podido hacer una evaluacíón de la situación urbanística de la ciudad y del alcance de las irregularidades cometidas por las anteriores corporaciones porque no dispone de documentación suficiente, por lo que va a pedir al juez una relación de los expedientes incautados en la Operación Malaya. La gestora tiene el propósito de retirar los recursos que la corporación disuelta presentó contra sentencias que declararon ilegales licencias de obras concedidas por el consistorio.

La comisión ya ha empezado a actuar contra las irregularidades urbanísticas y en los últimos días ha precintado cuatro obras cuyos promotores habían desoído autos de paralización dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pero aún desconoce el alcance real de la situación en su globalidad.

El vocal de Urbanismo, Rafael Duarte, acudirá mañana al juzgado de instrucción número 5 de Marbella, que instruye el caso Malaya, para pedir una relación de la documentación incautada en los registros realizados en la sede de la sociedad municipal de planeamiento. Entre ella figuran expedientes sobre convenios urbanísticos y licencias de obras y la documentación completa sobre la retirada de competencias urbanísticas al consistorio, de cuyo expediente la gestora ha pedido ya una copia a la Consejería de Obras Públicas.

La gestora también ha requerido a la Junta a que le envíe de nuevo los requerimientos que hizo al equipo de gobierno que presidió Marisol Yagüe para que revisara de oficio una serie de licencias de obras concedidas en contra del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, que tampoco están en los archivos del Ayuntamiento.

También desconoce la gestora, de momento, cuantas sentencias ha dictado ya el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en las que declara ilegales licencias de obras municipales y sobre cuantas de ellas hay ya pronunciamiento del Tribunal Supremo y son, por tanto firmes.

Según consta en el expediente de retirada de competencias elaborado por la Consejería de Obras Públicas, este departamento ha puesto 391 contenciosos administrativos por licencias de obras contrarias al PGOU concedidas por corporaciones anteriores, sobre las que hasta el momento se han dictado 27 sentencias. Pero además, hay muchas impugnaciones que realizaron también organizaciones políticas y sociales y particulares.

Para reconstruir la relación completa, la gestora está manteniendo reuniones con los asesores externos contratados por el Ayuntamiento a los que encomendaba su defensa, ya que estos asuntos no estaban en manos de los servicios jurídicos del consistorio.

Duarte estima que existen unos 800 contenciosos administrativos contra decisiones del Ayuntamiento de Marbella de toda índole, no sola urbanística, y según una estimación de los servicios jurídicos, en el 80% de los casos el Ayuntamiento no tiene posibilidad de ganarlos.

La gestora tiene el propósito de retirar todos aquellos recursos de casación puestos por las anteriores corporaciones en el Tribunal Supremo contra las sentencias anulatorias de licencias de obras, según ha confirmado Duarte, que reconoce que en la inmensa mayoría de los casos no tienen posibilidades de prosperar y que además puede suponer la condena en costas contra el Ayuntamiento, que, dada la cuantía de asuntos, supondría una carga económica muy considerable.

Duarte tiene el propósito de reanudar la próxima semana la concesión de licencias de obras. La gestora se ha encontrado con 80 solicitudes pendientes de resolución y antes de pronunciarse ha pedido a los servicios jurídicos que las vuelvan a informar porque los dictámenes "no eran nítidos". El vocal de Urbanismo estima que el 80% tendrán que ser denegadas.