"Tenemos una tarea ingrata, no producirá réditos políticos"

Rafael Duarte es el ojo de todas las miradas. Su asesoramiento al ex alcalde de Manilva imputado de corrupción ha desencadenado la polémica sobre si debe o no continuar en la gestora, y porque dentro de ésta tiene la responsabilidad del urbanismo. Desde el mismo despacho que ocupó el presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, Duarte (40 años) tiene el reto de reconducir la actividad urbanística de Marbella por la senda de la legalidad.

Pregunta. El PP insiste en que debe dimitir de la gestora porque, sin sospechar de que haya participado en asuntos turbios, el hecho de que asesorada a un alcalde imputado de corrupción plantea a la opinión pública dudas que no convienen a la gestora.

Respuesta. Hay un ataque contra mi honorabilidad, pese a que políticamente se construya de una manera diferente. Se está intentando equiparar mi gestión en la gestora con problemas de corrupción que ha habido en la Costa del Sol. Era un ataque esperable, se han puesto en cuestión mis relaciones profesionales para generarme desasosiego e intentar atacar a la gestora.

P. ¿En qué consistió su asesoramiento en Manilva?

R. Fue con el Ayuntamiento y dependiendo de la concejalía de Urbanismo. Mi actuación está relacionada con el planeamiento, no con los convenios, se me encargó un informe jurídico para el expediente de cumplimiento de las determinaciones del PGOU de 1994 suspendidas por la Junta.

P. ¿Cree que el PSOE tenía que haber explicado con claridad su trayectoria para despejar dudas cuando le designó?

R. El PSOE pensó en mi porque conocía la costa y el trasfondo del urbanismo, el lenguaje de los promotores, y porque tenía cierto prestigio profesional y ante Junta. Creo que ese perfil se contó, y se explicó que había tenido relaciones profesionales con varios ayuntamientos de la costa.

P. ¿Se siente respaldado por todos sus compañeros de la gestora?

R. Creo que si, que tengo el apoyo de todos, a pesar de que el PP pida mi dimisión, pero ningún miembro de la gestora ha puesto en duda mi tarea.

P. ¿Se siente la gestora muy presionada por los partidos?

R. Yo en honor a la verdad tengo que decir que desde que el PSOE me designó no me ha dado ni una sola instrucción política, ni he tenido que aparecer en ningún acto público con dirigentes del partido, y creo que esa es la posición que debemos mantener. Es verdad que otros miembros de la gestora no han creído conveniente marcar esa separación. Creo que es una cuestión de tiempo, se irán despegando y la opinión pública así lo reclama. El problema no son las actitudes desde dentro, sino desde fuera, hay responsables políticos que parece que quieren instrumentalizar la labor de la gestora. La verdad es que la tarea de la gestora es ingrata, no puede producir réditos políticos. Los ciudadanos estaban esperando algunas medidas, pero no son populares, nunca lo puede ser paralizar obras, revisar licencias, iniciar procedimientos de demolición, negociar con promotores que han creído que sus intereses se podían conducir al margen de la ley. Y estas cuestiones se da en todas las áreas. Creo que es recomendable a los partidos que a medida que asumamos nuestras funciones se vayan separando.

P. ¿Qué tipo de obras se van a seguir paralizando?

R. La prioridad en disciplina urbanística es evitar que se consoliden situaciones que están incursas en ilegalidad, que edificios que se están construyendo y tenían órdenes de paralización se acaben y se llenen de vecinos. Acatar las órdenes judiciales no se debe ver como algo extraordinario, sino como lo normal.

P. ¿Decidirá el Ayuntamiento o los jueces si hay demoliciones?

R. La necesidad de demoler algo es una decisión que debe tomar la administración municipal, pero siempre debe producirse bajo control judicial, tanto en las que se trata de una decisión administrativa como por ejecución de sentencia, por eso hay que pedir paciencia y compresión.

P. ¿Cómo hará frente el consistorio a las indemnizaciones?

R. El Ayuntamiento tendrá que compensar en algunos casos, pero hay un principio de concurrencia de culpa en la generación del daño. Hay que determinar si quienes han edificado eran conocedores de que había una ilegalidad, y entonces habría cuando menos una corresponsabilidad y tendrían que indemnizar los promotores. Quien determina si el Ayuntamiento debe indemnizar o no será el Consejo Consultivo de Andalucía. Habrá que ver casos en los que quienes han edificado firmaron convenios y han entregado compensaciones al municipio, si fueron bajo cuerda no nos preocupa, y ellos tienen la obligación de denunciarlo sabiendo además que la ley les ofrece reducción de penas. Pero si se ha compensado al ayuntamiento con inmuebles, obras o dinero eso si plantea un problema, porque existe un riesgo grave de que el ayuntamiento se viera obligado a reintegrar esas entregas.

P. Los promotores dicen que las paralizaciones de obras crean alarma social.

R. Para mi lo que crea alarma social es que lo digan los promotores. Me da pena que se pongan al otro lado de la línea, cuando tenían que estar a este lado para afrontar juntos como metemos a Marbella en la senda de la legalidad con el menor daño posible para el prestigio de la ciudad. Si ha habido una licencia ilegal, los promotores no pueden ampararse en que tenían firmado un convenio con el ayuntamiento, en todo caso eso serviría para dilucidar cual es el patrimonio responsable, pero si hay una licencia ilegal, eso es incuestionable.