Feministas y prostitutas critican la ley catalana sobre los burdeles

El Ejecutivo dice que respeta la iniciativa pero no la comparte

Asociaciones de mujeres, colectivos de prostitutas y también el Gobierno español critican, por diferentes motivos, el anteproyecto de ley que prepara la Generalitat para regular la prostitución. Los grupos a favor de la abolición están radicalmente en contra porque regulación "significa legitimación", y plataformas que defienden el trabajo del sexo le ponen peros porque prevé más "limitaciones que derechos".

El anteproyecto prevé la creación de cooperativas autogestionadas de prostitutas, prohíbe la prostitución callejera y eleva a 21 años la edad mínima para ejercer la prostitución, además de impedir que los burdeles estén a menos de 250 metros de los colegios. "El proyecto se contradice con las políticas de Igualdad", dice Ángeles Álvarez, de la Red Feminista contra la Violencia de Género, "además, se trataría de una ley mentirosa que prohíbe la prostitución en el ámbito público y la promueve en el privado. De tal manera que una comunidad va a convertirse en proxeneta, porque recaudará impuestos, ¿no?".

En esta línea se inscriben todos los colectivos abolicionistas. Charo Carracedo, de la Plataforma por la Abolición de la Prostitución, considera que "regular significa legitimar, y no se puede legitimar el hecho de poner precio al cuerpo de una mujer". La Federación de Mujeres Progresistas y la Asociación para la Reinserción de Mujeres Prostituidas opinan que el reconocimiento legal de la prostitución supondría "potenciar la trata de mujeres con fines de explotación".

El Gobierno tampoco lo ve claro. La secretaria de Igualdad, Soledad Murillo, afirma: "Respetamos la iniciativa, pero no la compartimos. La prostitución no es una ocupación, es una forma más de violencia de género. La igualdad no puede ser supeditada a ningún otro principio". El propio alcalde de Barcelona, Joan Clos, aunque ve aspectos positivos en el borrador, rechaza la creación de las zonas de tolerancia temporal.

Colectivos que defienden los derechos de las prostitutas, como la Plataforma Comunitaria Trabajo Sexual y Convivencia o Hetaira, afirman que es un avance que se reconozca como actividad profesional, pero la critican porque introduce más limitaciones en el ejercicio de la prostitución, como la prohibición del ejercicio en la calle, aspecto que comparte Empar Pineda, de Las Otras Feministas. La ley "contiene tal cantidad de reglas que son incumplibles por las mujeres", dijo Clarisa Velocci, portavoz de la Plataforma.

Justine Abellán, que promueve un sindicato de prostitutas, y dice que éste es el noveno borrador que ve, y que es "el peor": "Me imagino que han sacrificado el proyecto a sus compromisos políticos. Las zonas de tolerancia provisionales, la edad, el papel de los ayuntamientos son algunos de los aspectos críticos".

La Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne está muy pendiente de esta iniciativa catalana, según su portavoz, José Luis Roberto. Sus principales críticas se refieren al incremento de la edad mínima para ejercer la prostitución y a que se acote el número de habitaciones de lo locales.

Clarisa Velocci, portavoz de la Plataforma Comunitaria Trabajo Sexual.
Clarisa Velocci, portavoz de la Plataforma Comunitaria Trabajo Sexual.EFE

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