Una iniciativa contra las desigualdades provinciales

El plan estratégico de atención sociosanitaria para el cuatrienio 2005-2008 es el primer intento que abordan las instituciones vascas para lograr coordinarse y terminar con las desigualdades provinciales en esta materia. Cerca de 300.000 ciudadanos vascos necesitan la ayuda de otra persona para realizar cualquier acto de la vida diaria y al mismo tiempo deben recibir atención sanitaria al sufrir alguna enfermedad de carácter crónico. La sanidad y los servicios sociales han vivido a menudo de espaldas, lo que ha restado efectividad a ambos sistemas a la hora de encarar los problemas.

Esta incomunicación ha propiciado que cada institución haya invertido en atención social de forma manera en cada provincia. Según un informe del Ararteko sobre atención a la tercera edad, un residente en Álava tiene cuatro veces más posibilidades de ingresar en una residencia de ancianos que un ciudadano de las otras provincias.

El reparto competencial es una de las causas del problema. Mientras el Gobierno se ocupa de la sanidad y la prestación farmacéutica, las diputaciones se encargan de la asistencia social. Los ayuntamientos, por su parte, llevan los centros de acogimiento para casos de urgencia, entre otros cometidos.

De esta forma, lograr el equilibrio en la oferta de servicios en el conjunto de la comunidad es una de las prioridades. Junto a ella, destaca el objetivo de implantar un único sistema de valoración y derivación de los usuarios en los tres territorios históricos.

De esta forma, se acabaría con la dispersión que existen en estos momentos. Otra de las prioridades es definir una cartera de servicios sociosanitaria que incluya los parámetros básicos, niveles de atención, servicios y recursos que se deben proporcionar en cada situación.

La necesidad de mejorar los sistemas de pago también figura entre las previsiones. Mientras que la asistencia sanitaria es universal y gratuita, la asistencia social se financia por medio de aportaciones públicas y de los usuarios. Las instituciones pretenden conocer con exactitud el nivel de copago real existente en la actualidad, las deficiencias del sistema y mejorar su capacidad de financiación.

El programa concede una atención especial a los cuidadores de los enfermos, que, por lo general, suelen ser mujeres de la misma familia. Para ello, prevé la elaboración de programas específicos de apoyo, también para los ancianos que sufren algún tipo de enfermedad mental.