Los orientadores de los colegios exigen la suspensión del examen de primaria

El examen de nivel que tendrán que pasar el próximo 9 de mayo los alumnos de sexto de primaria sigue sumando detractores. Los orientadores y psicopedagogos -los encargados de vigilar la prueba- quieren que ésta se suspenda porque "no tiene ningún criterio, ni educativo ni político", señalaron desde la Asociación Madrileña de Orientación y Psicopedagogía (AMOP). Las protestas se han acentuado después de que el Gobierno regional anunciara el pasado jueves que el examen se adelantaba 24 horas para esquivar una huelga de profesores convocada por los sindicatos.

La Asociación Madrileña de Orientación y Psicopedagogía (AMOP) representa a los orientadores y psicólogos de los centros de primaria que el próximo día 9 tendrán que vigilar el examen. Los orientadores (en la región hay un millar) ya el año pasado criticaron la prueba, y este año vuelven a la carga. "Esto es escarnio. El año pasado ya avisamos y dimos explicaciones de que las evaluaciones no se hacen así. La prueba de nivel no tiene ningún criterio ni educativo ni político", criticó Consuelo Velaz de Medrano, presidenta de AMOP.

Esta entidad, al igual que PSOE e IU, apoya la huelga y la manifestación convocadas el próximo 10 de mayo por todos los sindicatos de enseñanza (Anpe, UGT, CC OO, CSI-CSIF, STEM-STES y CSIT-UP). Para evitar que el examen de nivel -que pretende evaluar a los alumnos de sexto de primaria justo antes de pasar a la secundaria- se vea afectado por la huelga, la Consejería de Educación ha adelantado casi in extremis un día el examen, en principio previsto para el 10 de mayo.

"Hemos optado por la opción más beneficiosa para los 56.000 alumnos de sexto de primaria. La prueba se desarrollará con normalidad y los padres tienen la obligación de llevar a sus hijos al examen", advirtió ayer el consejero de Educación, Luis Peral (PP). Y puso como ejemplo, "el éxito" de la convocatoria del año pasado, donde "tan sólo tres colegios no hicieron el examen". "La izquierda política y pedagógica está a favor de la evaluación", aseguró.

El cambio de fecha del examen, que fue anunciado el pasado jueves por Peral en los pasillos de la Asamblea, ha provocado además una cadena de reacciones en la comunidad educativa. La mayoría de las organizaciones se ha mostrado contraria, aunque algunas, como Foro de la Familia, han aplaudido la decisión del Gobierno regional y también el examen.

En cambio, la organización Sindicato de Estudiantes exigió el cese del consejero de Educación al considerar "una provocación a la comunidad educativa madrileña" el adelanto un día de la prueba de nivel para evitar así la huelga convocada para el próximo día 10 de mayo.

Lo que no queda claro es si finalmente la Consejería de Educación hará públicos los resultados del examen, tal y como hizo el año pasado. El consejero ha asegurado que no, pero el vicepresidente regional, Ignacio González, matizó el jueves pasado que "probablemente no se harán públicos los resultados, salvo que haya una gran petición pública".

Los sindicatos que han convocado la huelga de profesores y la manifestación del próximo 10 de mayo aseguran que el motivo no ha sido el examen de nivel, sino que, entre otros motivos, la Consejería de Educación no ha cumplido el llamado pacto educativo.

Este acuerdo, firmado en febrero de 2005 por Educación y CC OO y UGT, pretende garantizar la calidad de la enseñanza pública no universitaria para los próximos cuatro años. Tiene una inversión total de 1.500 millones de euros e incluye la construcción de 180 nuevos colegios y la subida del sueldo de los profesores, entre otras cuestiones.

El consejero aseguró que el pacto "tiene vigencia de cuatro años, es decir, de 2005 a 2009. En poco más de un año ya hemos cumplido el 80% del mismo y el otro 20% se está desarrollando". Y pone ejemplos, como "el buen ritmo de la construcción de colegios", la puesta en marcha de 10 nuevas aulas de enlace o la inversión destinada a becas de comedor y a la escolarización de menores de hasta tres años.

Sin embargo, CC OO y UGT exigen que Educación cumpla el acuerdo y que establezca una nueva normativa de escolarización que equilibre la matriculación del alumnado inmigrante entre la escuela pública y la concertada.

Los sindicatos convocantes de la huelga aseguran además que no se oponen a que haya una evaluación, "pero siempre que sea realizada con rigor y se valore el contexto socioeconómico de los alumnos".