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La licitación en Cataluña de obras del Estado cae un 42% de enero a marzo

Los contratistas denuncian el endeudamiento de algunos municipios

Las licitaciones de obras públicas en Cataluña subieron un 9,5% en el primer trimestre de 2006 respecto al mismo periodo de 2005. La suma de las obras de las tres administraciones (central, autonómica y local) ascendió a 1.369 millones de euros. Pero una de ellas, la Administración Central del Estado (ACE) experimentó un descenso más que notable: el 42,5%. Los contratistas creen que estos vaivenes perjudican la estabilidad del sector.

Las licitaciones de obra pública experimentan una fluctuación paralela a los "ciclos electorales", de modo que caen tras unas elecciones y suben en el último tramo de la legislatura. El resultado es la inestabilidad de unas empresas que tienen que engordar o adelgazar al mismo ritmo. Así lo pone de manifiesto el último informe de la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña, sobre la licitación en el primer trimestre del año.

Suben y mucho (74,5%) las obras municipales; lo hacen también, pero en menor medida (16%), las licitaciones del Gobierno catalán y cae en picado la de la Administración Central del Estado. Hasta un 42,5%. La balanza final queda relativamente compensada, pero los vaivenes que suponen los ciclos electorales afectan seriamente, asegura el informe de la Cámara, a la estabilidad empresarial.

Para paliar lo que los empresarios del sector creen que es un grave problema, la Cámara sugiere que se ponga fin al actual sistema de adjudicaciones y que las inversiones pasen a ser motivo de pacto y con un ciclo superior al actual, que coincide con los cuatro años electorales. Debería ser, propone, de seis años, de modo que el pacto resultara obligatorio y que así "las administraciones públicas dejen de enredar con sus inversiones".

El asunto tiene difícil arreglo, porque en el caso municipal los ayuntamientos funcionan con planes cuatrianuales que empiezan a ser elaborados justo tras las elecciones y culminan el máximo de obras justo en el último año electoral, entre otros motivos, porque deben cumplirse los plazos de publicidad en las adjudicaciones. Además, con frecuencia las diferencias entre un partido y otro tienen que ver, precisamente, con el conjunto de obras públicas por realizar o paralizar.

Los contratistas, creen, sin embargo, que sería conveniente forzar pactos entre las formaciones, de modo que el sector no viviera a merced de los vaivenes vividos en los últimos años. En 2003, las licitaciones del Gobierno catalán, entonces en manos de CiU, superaron los 3.000 millones de euros (más de 4.500 si se añade el último trimestre de 2002). Tras una subida tan espectacular sólo podía llegar una bajada y así fue. El incremento del 563% en 2003 se convirtió en un descenso del 67% en 2004.

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Deuda municipal

Los contratistas denuncian también algunas prácticas que, en su opinión, están injustificadas y que, aunque aparentemente den trabajo al sector, acaban siendo perjudiciales para todo. Se trata de licitaciones de obras hechas por ayuntamientos a base de aumentar el endeudamiento a veces durante 30 años o lo que es lo mismo, un par de generaciones futuras. El informe de la Cámara recoge tres muestras de estas prácticas: Cunit, Lliçà d'Amunt y Santa Coloma de Farners. Cunit ha licitado un polideportivo a 30 años y, además, por el procedimiento de urgencia, con lo que las empresas sólo han tenido 13 días para presentar ofertas. "Difícilmente puede haber empresas interesadas y, si hay alguna, será porque le han dado más tiempo para preparar su oferta", sostiene el informe. Además, sostiene que la deuda puede estar justificada en obras que aumenten la productividad, lo que no es el caso de un polideportivo.

En Santa Coloma de Farners el Ayuntamiento ha efectuado una cesión de terreno para una oficina de correos y en Lliçà se ha adjudicado el mantenimiento del alumbrado a 10 años, un contrato que ahuyenta, afirman los contratistas, a los pequeños empresarios.

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