Cataluña pondrá en marcha su propia agencia tributaria a principios del próximo año

En Alemania hay más de 650 agencias tributarias (correspondientes a los länder -Estados federados- y municipios). En España sólo existe una. Pero está a punto de cambiar. Cataluña tiene ya prácticamente listo el proyecto de ley que creará la Agencia Tributaria catalana, que estará operativa a principios de 2007, una vez se haya aprobado el nuevo Estatuto de la comunidad. Otras comunidades están tramitando también sus reformas estatutarias e incluyen disposiciones en este mismo sentido. Desde el primer día, la agencia catalana operará bajo el principio de ventanilla única para todos los impuestos, incluidos el IRPF, el IVA y los especiales. La Generalitat tiene previsto, además, poner en marcha "cuanto antes" el consorcio con la Agencia Tributaria estatal.

La descentralización llega también a Hacienda. La agencia catalana gestionará los impuestos propios y los cedidos totalmente por el Estado, algo que ya hacen todas las comunidades a través de sus departamentos de Hacienda. Eso incluye impuestos como el de transmisiones patrimoniales y el de sucesiones y donaciones. Deja fuera las cuatro grandes figuras tributarias estatales: IRPF, IVA, sociedades e impuestos especiales.

Consorcio en dos años

Sin embargo, el Estatuto -cuyo referéndum está previsto para el próximo 18 de junio- prevé crear un consorcio para gestionar también impuestos estatales. "En principio, el IRPF es el más factible", según explicó ayer el consejero de Economía del Gobierno autónomo y confirmaron fuentes de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). En el resto de impuestos de titularidad estatal, la gestión por parte de las comunidades presenta más dificultades. Hasta ahora, la Unión Europea se ha opuesto a descentralizar impuestos como el IVA o los especiales, que gravan el consumo de alcohol, tabaco e hidrocarburos.

El consorcio "está aún por definir", según la AEAT, pero el Ejecutivo catalán tiene ya claros varios principios de funcionamiento. Independientemente de la creación del consorcio, desde el primer día, las 53 oficinas de la agencia catalana y las 30 de Hacienda en Cataluña "tendrán una imagen única ante el contribuyente", apunta el Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat, "y funcionarán bajo el principio de ventanilla única", según el consejero Castells. Es decir, los contribuyentes podrán pagar cualquier impuesto en las oficinas de la agencia catalana y en las de la estatal, algo que ahora no sucede.

El Estatuto prevé que el consorcio se cree "en un plazo máximo de dos años" tras su aprobación en referéndum, que se celebrará el 18 de junio. Con una participación paritaria de las dos administraciones, "podrá transformarse en la Administración Tributaria en Cataluña", según el texto estatutario. En la práctica, en un impuesto como el IRPF, el consorcio "permitirá a la agencia tributaria catalana decidir aspectos tanto de la organización como de la gestión del impuesto sobre la renta: desde cómo se efectúa el control, al tipo de información que se envía al contribuyente", según las mismas fuentes. Para Castells, el consorcio "tiene que servir para dotar a la Generalitat de mayor capacidad de decisión en el terreno tributario y, por otro lado, debe mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos".

La agencia contará con una plantilla de unas 600 personas, que ahora pertenecen a la Dirección General de Tributos de la Generalitat. Y, al igual que la agencia estatal -que tiene unos 4.000 funcionarios en Cataluña-, dispondrá de autonomía propia, además de un presupuesto y un sistema informático propios.

El Ejecutivo catalán no renuncia incluso a tener inspectores de Hacienda propios, una vez se ponga en marcha el consorcio. El objetivo es combatir uno de los tópicos relacionados con las agencias descentralizadas: que favorecen la aparición de bolsas de fraude. En Alemania el fraude fiscal está en torno al 10% del PIB, mientras que el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Economía, cifra el fraude en España en el 20,9% del PIB. "El fraude es un problema de escala internacional, y el consorcio permitirá compartir aún más información que hasta ahora", apunta un alto cargo del Ejecutivo autónomo.

El futuro desarrollo de la agencia, sin embargo, está sujeto a determinadas decisiones políticas. El Estatuto establece una mayor participación en los impuestos cedidos parcialmente: IRPF (del 33% al 50%), IVA (del 35% al 50%) y especiales (del 40% al 58%), pero no introduce grandes avances en el ámbito de la capacidad normativa. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda evalúa la posibilidad de que las comunidades puedan poner recargos en el IVA minorista -es decir, para el consumidor final- y en varios impuestos especiales, siempre que se reciba la autorización de Bruselas. Algo parecido defiende también el consejero catalán de Economía, Antoni Castells.