La gestora de Marbella precinta unas obras que el TSJA ordenó paralizar en 2004

La gestora de Marbella adoptó ayer su primera medida contra las irregularidades urbanísticas en el municipio al ordenar el precinto de las obras del hotel Senator y un edificio contiguo de 99 viviendas, que estaban a punto de concluir pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó paralizarlas en noviembre de 2004. La Junta y el Ayuntamiento de Marbella escenificaron también ayer el reestablecimiento de relaciones tras 15 años sin interlocución. La gestora debe ahora buscar suelo para colegios, centros de salud y nueva sede judicial que hasta ahora no se han podido hacer.

Sobre las 17.00 horas de ayer la Policía Local precintó las obras, algo que nunca ordenó la ex alcaldesa, Marisol Yagüe, pese a que llegó a firmar cuatro decretos de paralización de los trabajos a los que nunca dio curso.

Los seis agentes de la Policía Local se toparon con una sorpresa mayúscula: un vecino ocupaba un apartamento del edificio desde el pasado diciembre. El vocal de Urbanismo, Rafael Duarte, informó de que en los próximos días el peculiar "okupa", que consumía luz de obra y agua de un depósito externo, recibirá la orden pertinente de desalojo.Precisamente, la medida adoptada ayer tiene por objeto evitar que se consoliden situaciones ilegales irreversibles. "Esto sería un desastre si dejamos que este edificio se nos llene de vecinos", explicó Duarte.

Las obras están promovidas por el grupo Hoteles Playa, en cuyo nombre solicitó la licencia de obras para el hotel y el edificio de apartamentos el arquitecto Jaime Montaner, que fue consejero de Obras Públicas y de Economía en los gobiernos autonómicos de José Rodríguez de la Borbolla.

El Ayuntamiento concedió licencia en 2002, pese a que el suelo en cuestión está calificado de zona verde y equipamiento en el planeamiento urbanístico vigente. La Junta impugnó la licencia y el 29 de noviembre de 2004 la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA dictó un auto de paralización de las obras. La orden fue incumplida por la promotora, motivo por el que la Fiscalía de Málaga tiene abiertas diligencias de investigación penal.

"El promotor y los ciudadanos de Marbella deben saber que donde haya una orden judicial que ordena paralizaciones, no tenemos más remedio que cumplirla. El tiempo va en contra de la legalidad urbanística de Marbella. Mientras el tiempo avanza, las soluciones son más complicadas", explicó Rafael Duarte, quien anunció que en las próximas semanas la gestora podría adoptar un centenar de medidas similares.

El cumplimiento de las órdenes judiciales de paralización de obras y la revocación de oficio de las licencias concedidas por las anteriores corporaciones en contra del planeamiento urbanístico fue uno de los asuntos que centró la reunión que ayer mantuvo el presidente de la gestora, Diego Martín Reyes, con los delegados provinciales de las distintas consejería de la Junta en Málaga.

El encuentro simbolizó el restablecimiento de relaciones entre ambas administraciones tras 15 años sin interlocución por el aislamiento institucional al que los gobiernos del GIL sometieron el consistorio. "La falta de diálogo nos ha impedido realizar actuaciones en Marbella", lamentó el delegado del Gobierno de la Junta en Málaga, José Luis Marcos.

Sólo algunas de las actuaciones pendientes repasadas ayer en la reunión en nuevos colegios, centros sanitarios e infraestructura hidráulica suman unos 100 millones de euros.

Los delegados de la Junta expusieron la disposición de sus departamentos a colaborar en la reposición de estos déficit en Marbella. Pero también abrumaron al presidente de la gestora, Diego Martín Reyes, como reconoció este con cierto humor -"de pronto me ha caído un saco de problemas y cosas que hacer", comentó-.

Y es que las consejerías de Educación, Salud y Justicia necesitan que el Ayuntamiento les facilite suelo. Hay pendientes tres colegios y un instituto, cada uno de los cuales requiere unos 7.000 metros cuadrados; dos centros de salud nuevos y la ampliación de otros tantos. La anunciada ampliación del Hospital de la Costa del Sol, con 23 millones de euros de inversión, requiere de 40.000 metros cuadrados, y Justicia espera una parcela de 10.000 metros para construir una nueva sede para los juzgados.

La Junta normalizará también la concesión de subvenciones públicas que durante años no ha recibido el consistorio porque no las pedía.