Casos sin resolver

Se suceden los nombres y los detalles de atrocidades que acabaron con la vida de otros sin que el peso de la ley haya caído sobre ellos. ¿Quién o quiénes asaltaron el chalé de Canals de una de las herederas de los fundadores de Ferry's el pasado 5 de enero? ¿Quién mató al hombre que fue hallado muerto en Picassent en noviembre pasado? ¿Y al de Gilet que un vecino encontró hace pocas semanas? ¿A la peluquera de Tavernes de La Valldigna en febrero del año pasado? ¿A la pareja de Càlig en julio de 2005? ¿Al empresario de La Pobla de Vallbona el pasado febrero? La Guardia Civil acumula importantes sucesos que continúan siendo expedientes abiertos que no han dado resultados. Fuentes del instituto armado atribuyen al binomio mala suerte y discurrir normal de las investigaciones las demoras. Sin embargo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (Augc) introduce un elemento más a la hora de analizar la respuesta del cuerpo de seguridad a los ciudadanos: la falta de medios acompañada de una visión sin perspectiva de lo existente.

La Guardia Civil mantiene viva una deuda de incorporación de efectivos. La Comunidad Valenciana necesita más efectivos. La Comandancia de Valencia ha reestructurado, desde la llegada del general Cristóbal Santandreu, los efectivos de la brigada judicial, lo que se traduce, según la asociación mayoritaria de profesionales del instituto armado, en deficiencias evidentes de recursos humanos para afrontar las investigaciones más costosas. A ello añaden la escasez de medios materiales.

A pesar de que el Ministerio de Interior y Augc no manejan la misma estadística, una interpretación es coincidente en cuanto a un descenso de la resolución de asuntos en territorio de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana, que el algunas comarcas ha podido superar el 11% sobre el conjunto de delitos. La Guardia Civil explica las disfunciones a través de la complejidad geográfica y social del territorio que abarca (amplio, con núcleos poblacionales dispersos, grandes zonas despobladas) frente a la concentración de las zonas controladas por la Policía Nacional.

En los juzgados esperan respuesta algunos de los episodios más dramáticos del crimen reciente. Incluso, en algún caso, un sospechoso que después resultó no serlo ha pasado meses en prisión sin que durante ese tiempo la Guardia Civil pudiera acreditar la participación en la muerte o definitivamente apuntar hacia otro autor de los hechos. Un amigo del matrimonio que formaban la peluquera nacida en Madrid pero vecina de Tavernes de La Valldigna y su marido, ingresó en la cárcel durante varios meses después de que las pesquisas efectuadas no dieran resultado. Los indicios se desvanecieron. La muerte de Pilar Ramírez, de 32 años, el 2 de febrero del pasado año, está por resolver. Como lo está el asalto al chalé de Canals en el que murieron dos de los atracadores. Un coche abandonado en los alrededores de la casa robada, las declaraciones de los vecinos, la comunicación con la Guardia Civil de Madrid o la información reclamada a Colombia, por ejemplo, no han servido de nada. El secreto de sumario protege las indagaciones. Varias operaciones en Madrid sobre bandas dedicadas al robo en urbanizaciones parecieron abrir un camino para perseguir a los posibles implicados. De momento, nada.

Y. V. G., tenía 26 años, nació en Ciego de Ávila (Cuba), y J. M. M. V., 23 años, era de Vinaròs. Murieron en junio de 2005. Sus cuerpos fueron halladas sin vida, maniatados, en el suelo, con un tiro en la nuca, en la casa que la joven compartía con su hermana. Hasta hoy sólo parece claro que el azar los juntó aquella noche y que no fue ni crimen pasional, ni había relación sentimental. Pero, ¿qué había? ¿por qué ocurrió? La Guardia Civil no tiene respuesta.

Tampoco la tiene para el pescador Vicente Salvador, de 41 años, que fue tiroteado en el Camí Fondo, en Castellón. ¿Quién le esperaba aquella noche cuando circulaba con su coche hacia su casa con dos mujeres extranjeras en el coche?

El territorio controlado por la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana registró un leve incremento de la delincuencia, fundamentalmente en lo que a robos con fuerza en las cosas o sobre las personas se refiere y que no supera el 3%. Sin embargo, son los delitos contra la vida los que han dilatado la media de tiempo empleado para resolverse justo en un contexto de reivindicación de una mayor profesionalidad, más medios, mejor preparación, formación continua y modernización del sistema de funcionamiento. Fuentes de Augc creen que los datos revelan claramente que en buena parte las deficiencias de funcionamiento, la falta de recursos tiene que ver con la falta de respuesta.