Los directivos crecieron un 10% la pasada legislatura

El otro elemento en el control parlamentario sobre el crecimiento del gasto público en representación y viajes está íntimamente ligado con el número creciente de altos cargos y asimilados que tienen los departamentos y sociedades públicas paralelas que existen el entramado institucional.

De nuevo, la opacidad informativa preside la evolución de los cargos de designación en los diferentes departamentos del Ejecutivo, datos que van saliendo a cuentagotas de las consejerías gubernamentales y que finalmente sólo se hacen públicos gracias a la labor preguntona de la oposición parlamentaria. O al trabajo de investigación en la Universidad, en donde habría que destacar la obra de referencia de la doctora en Ciencia Política y de la Administración, Adela Mesa, Administración y altos cargos de la Comunidad Autónoma Vasca, publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas en septiembre de 2000.

En este libro se revela, basándose en datos oficiales obtenidos del Boletín Oficial del País Vasco que el número de viceconsejeros y directores en el Ejecutivo autonómico no paró de crecer entre 1980 y 1988, pasando de 62 a 164. El pico en los 90 se alcanzó en 1992, con 174 cargos.

Subida del 10%

Si consideramos las dos últimas legislaturas, únicas sobre las que hay datos, dado que por el momento se desconocen los que ya trabajan para el Ejecutivo en la octava legislatura, el crecimiento de los altos cargos -sin contar consejeros- se ha vuelto a confirmar, al pasar de 141 a 156 entre 1999-2001 (sexta legislatura) y 2001-2004 (séptima legislatura). En términos porcentuales, una subida del 10,4%, con diez directores y cinco viceconsejeros más que en 1999-2001.

En total, el Gobierno vasco tenía 252 altos cargos y otro tipo de personal de confianza, frente a los 234 de la legislatura anterior. La entrada de Ezker Batua y la remodelación de las distintas áreas fueron las dos explicaciones básicas de esos aumentos, aunque no las únicas.

Pero el adelgazamiento o incluso lo que se ha venido en llamar el aplanamiento de la estructura directiva -algo que ya se ponía como objetivo en las 47 medidas aprobadas en la primera racionalización y mejora de la Administración Pública vasca, aprobada en junio de 1994- sigue siendo una asignatura pendiente.

Muchas veces son los intereses partidistas o la complejidad de las negociaciones para formar gobierno, lo que dificulta acabar con una "estructura sobredimensionada y excesivamente burocratizada" de la Administración vasca de la que ya se hablaba cuando se proponía racionalizarla.