El Watergate francés

El primer ministro francés, Dominique de Villepin, se encuentra en el ojo del huracán, acusado de haber ordenado a los servicios secretos que involucraran falsamente a su rival Nicolas Sarkozy en una trama de corrupción, en lo que se conoce como el caso Clearstream. La dimisión del jefe del Gobierno parece inevitable. Incluso desde el partido gubernamental, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), llegaban voces que denunciaban "el suicidio colectivo de la mayoría". La lenta y agónica implosión del segundo mandato del presidente Jacques Chirac escenificaba una nueva crisis que algunos ya bautizan como el Watergate francés.

Las declaraciones del general Philippe Rondot a los jueces que investigan el caso Clearstream dejan muy poco espacio de maniobra al jefe del Gobierno. Según reveló el viernes el diario Le Monde, el general, coordinador de los servicios de inteligencia franceses, habría recibido el encargo de Villepin, entonces ministro de Exteriores, invocando "instrucciones" del presidente Jacques Chirac, de centrar en los políticos incluidos en unas listas y en especial en Nicolas Sarkozy su investigación sobre las posibles comisiones ilegales de la venta de unas fragatas de la empresa Thompson a Taiwan.

Pero ayer, desde el entorno del primer ministro, las señales que llegaban eran las de una resistencia obstinada. Como si nada hubiera pasado, Le Figaro publicaba una entrevista con Villepin en la que no se mencionaba ni una sola vez el escándalo y de la que lo único destacable era la frase: "No veo la necesidad de remodelar el Gobierno". A media tarde, una cadena de televisión citaba fuentes cercanas al general Rondot que aseguraban que estaba "escandalizado" por la utilización "sesgada" de su declaración ante los jueces Jean Marie d'Huy y Henri Pons, y que negaba que Villepin le hubiera pedido que investigara sobre Sarkozy, aunque admitía que "nombres de políticos fueron lanzados durante la conversación" que tuvo lugar el 9 de enero de 2004 en el despacho del entonces titular de Exteriores en el Quai d'Orsay.

Como acostumbra a suceder cuando una conspiración sale a la luz, sus protagonistas, presos del nerviosismo, cometen errores al querer remendar el relato. El primer ministro, por ejemplo, sacó un comunicado el viernes en el que reconocía que había convocado a Rondot a su despacho en la fecha mencionada y que le había pedido que investigara el caso Clearstream "poniendo atención en evitar cualquier instrumentación o manipulación política, ya que varios nombres de personalidades políticas habían sido citados por la prensa".

Grave error. En esta fecha, las famosas listas de cuentas corrientes que involucraban a políticos y empresarios todavía no habían sido hechas públicas. Fue seis meses más tarde cuando el juez Renaud Van Ruymbeke recibió dos correos anónimos denunciando la existencia de la sociedad Clearstream, "un sistema financiero e informático" en provecho de "intereses corruptos e incluso mafiosos", junto a dos listados de cuentas corrientes en los que estaría Sarkozy.

No es la primera vez que el inconsciente traiciona a Villepin. Hace un mes, en plena crisis del Contrato de Primer Empleo (CPE), tuvo un lapsus en la Asamblea Nacional y dijo "dimitir" donde quiso decir "decidir". Poco después amagó de nuevo con dejar el cargo, aunque no de forma explícita, diciendo que "asumiría todas sus consecuencias". Tampoco lo hizo. La sensación, ahora, es que no tiene preparada otra salida que aferrarse al poder. Podría pedir a los jueces que le tomen declaración, aunque deberá darse prisa, porque, según aseguraban ayer varios medios de comunicación, Jean Marie d'Huy y Henri Pons tienen previsto llamarle a declarar en breve y registrar su despacho en el palacio de Matignon. Y si cae Villepin, la siguiente pieza es Chirac.

En principio, el beneficiado de esta crisis no sería otro que la víctima de la conspiración, Nicolas Sarkozy, que vería definitivamente despejado el camino a convertirse en el candidato de la derecha. Pero a un año de las elecciones, el sentimiento de descrédito e impotencia que emana de la presidencia de la República podría perfectamente abrir el espacio de los populismos -siempre presentes en Francia- tanto de extrema derecha como de la izquierda radical. Una situación que, en el sistema electoral a dos vueltas, puede derivar en sorpresas inesperadas.

Del desprestigio tampoco escapa la oposición socialista. Ni el despecho arrogante de su derrotado líder Lionel Jospin, tras perder la primera vuelta en 2002, ni el travestismo izquierdista de elefantes como Laurent Fabius favorecen su emergencia como recambio a la actual mayoría. Las reticencias con que los pesos pesados del PS contemplan la ascensión de Ségolène Royal en las encuestas -finalmente, una candidata ajena al aparato- tampoco calan bien en la opinión pública.

Desde la izquierda se clama por el deterioro de la imagen de Francia, como la ex ministra Martine Aubry que considera "espantoso" soportar un poder que "destruye la imagen" del país. La mayoría pide pura y simplemente la dimisión de Villepin. El diputado Vicent Peillon, líder de la corriente renovadora del PS, lamenta que no haya dimitido antes un primer ministro "que reivindica la tradición gaullista" y denuncia "un clan que se aferra al poder de forma detestable".