La rebelión de los profesionales del arte

En los últimos meses, han pasado cosas sorprendentes en el sector del arte contemporáneo en España.

Por ejemplo, que galeristas, críticos, artistas y directores de museos, además del recién creado Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), han coincidido en denunciar, a través de comunicados públicos unitarios o realizados por las respectivas asociaciones por separado, distintos casos de intervenciones políticas en la gestión de los museos de arte contemporáneo. Casos como el del Museo Patio Herreriano de Valladolid, que ha visto cómo dimitía el comité asesor porque los políticos han impuesto la programación en este centro de arte contemporáneo de una exposición sobre Cristóbal Colón; el del Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas, cuya directora dimitió por falta de autonomía; o el del Centro Galego de Arte Contemporánea, que vio cómo el cambio político en el Gobierno autónomo provocaba el posterior cese del director del museo.

El sector pide reformas en los patronatos de los museos para incluir más expertos que políticos

Todo el sector -y ésta es la sorpresa, la unión de los distintos profesionales del mundo del arte, ya que la injerencia política era tradicional y sería aplicable a otros casos- coincide ahora en una serie de demandas muy claras y, lo que es más interesante, las reclama de forma pública y conjunta. "El arte contemporáneo y la cultura en general se tiene que mantener a distancia de los dirigismos políticos porque aspiramos a una mayor profesionalidad y a que se nos respete", indica Rosina Gómez Baeza, presidenta del IAC, entidad que nació hace dos años y que ha elaborado un documento en el que propone la regulación de los museos y centros de arte que ha presentado al Ministerio de Cultura.

"El problema es que han ido surgiendo muchos centros nuevos, pero nadie se había tomado la molestia de definir lo que tiene que ser un patronato, que consideramos que debe ser independiente y con mayoría de expertos y profesionales, y cómo tiene que funcionar la selección de los directores para asegurar el buen funcionamiento de los museos como servicio público". El IAC apuesta por convocatorias claras con un consejo electivo en el que participen expertos independientes que basen su elección en el currículo y en un proyecto concreto. También se sugiere que los contratos de dirección sean de cinco años para separar la gestión del profesional del ciclo político de una legislatura

El documento lo conocen todas las asociaciones -algunas de reciente creación, como la de directores y críticos, y otras más veteranas, como las de artistas y galeristas- y a grandes rasgos asumen sus principales demandas, aunque cada colectivo se reserva su independencia y sus reivindicaciones concretas. "Nosotros trabajamos en un documento propio, aunque hay muchas cosas que compartimos", indica Yolanda Romero, presidenta de la Asociación de Directores de Arte Contemporáneo de España (ADACE), que agrupa a 23 profesionales que ejercen su cargo en centros de toda España, en su mayoría por designación directa de los políticos. "Creemos que hay que encontrar una fórmula de elección más transparente, que puede ser a través de concursos por invitación muy definidos, en los que se prime más el programa que presente el candidato que el nombre de la persona. También pedimos que una vez se decida el proyecto se garanticen los medios humanos y la financiación para llevarlo a término con independencia", añade Romero, que indica que el objetivo de la asociación es preparar a los museos para afrontar los retos del siglo XXI.

"Llevamos años reclamando que haya concursos públicos y que se establezcan mecanismos para impedir las intervenciones partidistas, por esto apoyamos los Consejos de las Artes, que por ejemplo ahora en Cataluña empieza a tomar forma", indica Sergi Aguilar, presidente de la Unión de Asociaciones de Artistas de España, que agrupa a más de 3.000 artistas y es la más veterana del sector. "Me alegro de que empiecen a convocarse concursos, como ha pasado ya en Barcelona y en Gijón, y que ésta sea una demanda común. Creo que aunque cada asociación tiene unas demandas muy específicas, en muchas cosas estamos de acuerdo y juntos conseguiremos más resultados que si lo planteamos por separado. De lo que se trata es de entender la política cultural como un servicio público".

"En lo fundamental estamos de acuerdo", indica Soledad Lorenzo, una de las representantes del Consorcio de Galerías, que agrupa a unas 85 salas de arte contemporáneo de toda España. "Somos un sector joven y nos ha costado profesionalizarnos y organizarnos, pero hemos adquirido experiencia y ahora sabemos qué hay que pedir exactamente. Este tipo de funcionamiento a dedo no existe en otros países, y aunque la Administración tiene que tener un control porque la mayoría de museos se nutren de dinero público, una cosa es esto y otra que sean los políticos los que digan cómo se tienen que hacer las cosas. Lo que pedimos es muy sensato".

"En otros ámbitos no hay tanta injerencia, pero en cultura todo el mundo tiene un gusto o una opinión", señala Mariano Navarro, presidente del Consejo de Críticos, que reúne a unos 40 profesionales que entre otros proyectos trabaja en la redacción de un código deontológico. "Todo ministro de Cultura piensa que le han nombrado culto, y no, le han nombrado ministro. Lo mismo pasa con consejeros o concejales. No se puede trabajar si a cada cambio de gobierno o de persona se modifica el programa de un museo. Es como si siempre se tuviera que empezar de cero".