Vizcaya mantendrá las tarifas de la A-8 pese a la sentencia que declara ilegal la norma foral

La Diputación de Vizcaya mantendrá el acutal peaje en la autopista A-8 pese a la sentencia del Tribunal Superior que considra ilegal la norma que regula las tarifas. La institución foral dijo ayer que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo y valoró que los efectos, si se confirmase la resolución, son "inicialmente subsanables". La sentencia ve "contrario a derecho" que el peaje no se destine sólo al mantenimiento y mejora de la autopista, sino también para financiar otras obras. Vizcaya utiliza parte de los 34 millones anuales de recaudación para acometer otras carreteras.

El fallo del Superior responde a una denuncia que realizaron todos los junteros del PP en Vizcaya en marzo de 2003. Los apoderados argumentaron que suponía un nuevo impuesto y que servía para financiar la construcción de otras carreteras, entre ellas la Supersur, el proyecto viario vasco más costoso con una inversión de 1.200 millones de euros y que pretende dar una alternativa a la saturada A-8 a su paso por Bilbao. Además el peaje sirve para financiar otros proyectos en marcha como la autovía de la Margen Izquierda o el corredor del Cadagua.

La resolución de la Sección Primera de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Superior, fechada el pasado 28 de febrero, rechaza el argumento de los populares de que el peaje establecido sea un nuevo impuesto y resuelve que se trata de una tarifa, en línea con lo que defendía la Diputación vzicaína. Pero matiza que una tarifa supone una "contrapestación por el uso de dicha autopista", mientras que en este caso su importe se destina también a la creación de otras infraestructuras viarias. "Se quiebra pues", aduce, "el principio inherente a la tarifa", que debe adecuarse al servicio que presta. "Nos encontramos con una tarifa que se extralimita y como tal es contraria a derecho", agrega.

Suficiente autofinanciación

La adecuación al servicio prestado está regulada en un decreto de 1986, dice el fallo, en el que se establece que las tarifas "deberán ser suficientes para la autofinanciación del servicio que se trate" y sólo permite que, en todo caso, la cantidad cobrada sea inferior. Por ello, la Sala concluye que la fijada para la A-8 por la Diputación de Vzicaya está "fuera de toda lógica de autofinanciación" y es contraria a derecho al dirigirse a "financiar otras obras y servicios".

La Diputación anunció ayer que recurrirá el fallo al Supremo. A esta decisión se unieron horas después las Juntas Generales, por acuerdo de la Mesa de la Cámara con el voto de los representantes del PNV y PSE. El miembro de EA no acudió a la reunión y la representante del PP se ausentó luego, aunque su postura era contraria.

La Diputación de Vizcaya expresó, en un comunicado, que la sentencia no afecta "inicialmente al normal funcionamiento de la utopista" y opinó que, aunque el Supremo confirmase la resoluciòn, "los principios de esta sentencia son inicialmente subsnabales", aunque no claró cómo se resolvería. La institución foral entiende que una de las carreteras que se costearán con los peajes de la A-8, la Supersur, es "parte consustancial" de la autopista y "de su futura capacidad de tráfico".

La Diputación resaltó que el fallo no cuestiona la existencia del peaje, sino que deja fuera de su aplicación de "los rendimientos de dicha tarifa a la financiación" de otras carreteras. Si éstas no se construyen, añade, la funcionadlidad de la A-8 pudiera verse gravemente afectada".

El PP valoró que la solución "más fácil" tras la sentencia sería la elaboración de una nueva norma foral que en diez días rebaje el peaje a la mitad. El presidente de esta formación en Vizcaya, Antonio Basagoiti, calculó que el cobro "abusivo" durante los últimos tres años (desde que se recuperó la concesión) ha reportado a la Diputación cerca de 51 millones de euros que no le corresponden y cifró en 150.000 los ciudadanos que han pagado "el doble" de lo que debían.

Ezker Batua también instó a la Diputación a acatar la sentencia y reclamó la rebaja del peaje, de forma que "sirva exclusivamente para financiar el mantenimiento de esta carretea". Su portavoz José Ferrera pedirá la comparecencia urgente del diputado de Transportes y Obras Públicas, Eusebio Melero, para que detalle los ingresos y gastos generados en el tramo vizcaíno de la A-8 y el destinto del dinero.

El PSE, que apoyó la norma foral anulada, pidió a la Diputación que, antes de que la sentencia sea firme, "inicie las actuaciones precisas" para que los vizcaínos "no paguen injustamente por el uso de la A-8" . Pero su portavoz, Josu Montalbán, defendió que no afecte a la construcción de las otras carreteras previstas.