La fiscalía general recibe doce causas por delito urbanístico

Ricard Cabedo, fiscal jefe de Valencia, comunicó ayer a Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, las diligencias practicadas en cuatro asuntos abiertos por posible delito urbanístico, dos son investigaciones iniciadas por la fiscalía tras recibir la oportuna denuncia y otras dos están siendo tramitadas en los juzgados. Cabedo responde así a una orden de Conde-Pumpido. Estas cuatro investigaciones se suman a las ocho que remitiera el pasado lunes el fiscal jefe de Alicante, Juan Antonio Romero.

La orden de Conde-Pumpido trasladó la pasada semana a las fiscalías la obligatoriedad de comunicar el desarrollo de las diligencias de investigación en los casos de delitos relacionados con la ordenación del territorio que supuestamente hubieran cometido funcionarios o bien órganos de la Administración Pública.

Cándido Conde-Pumpido solicitó la información a las distintas fiscalías después de que estallara en Marbella el caso conocido como Operación Malaya. Además, la fiscalía general del Estado pretende así conocer el volumen de trabajo y estudiar la conveniencia del nombramiento en Valencia de un delegado de la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos relacionados con la Corrupción.

Otros 'marbella'

El fiscal jefe reconoció el empeño que desde la Fiscalía General se ha expresado por focalizar si cabe aún más la atención sobre los asuntos urbanísticos que impliquen a funcionarios tras el escándalo andaluz con la intención de poner el máximo de recursos y servicios posibles para destapar otro "marbella", dijo el fiscal jefe, "si es que lo hay" o evitar que pudiera producirse.

La Fiscalía incoó durante el pasado año un total de 161 expedientes (30 de ellos pendientes de 2004) por supuestos delitos relacionados con el medio ambiente y con la ordenación del territorio en esta provincia, de los cuales se resolvieron 153. El Ministerio Público observó la posible existencia de delito en 80 de esos expedientes, por tanto, presentó las correspondientes denuncias ahora en oficinas judiciales.

De las 161 causas, 63 corresponden a delitos relacionados con la ordenación del territorio, 64 con el medio ambiente, uno con el patrimonio histórico, 17 con incendios forestales, 7 relativos a la fauna y flora, y 9 con el consumo.

Asimismo, de los 80 en los que ha observado delito, 43 corresponden a delitos de ordenación del territorio, 20 de medio ambiente, uno de patrimonio histórico, 8 relativos a incendios forestales, 2 de fauna y flora y 6 relacionados con el consumo.

Los datos de la actividad realizada el pasado año en la provincia de Valencia en materia de posible delito urbanístico ha sido también remitida al fiscal de Sala de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para que estudie si es necesario el nombramiento de un fiscal específico para estos casos.