Anticorrupción pide 38 años de cárcel para De la Rosa por el desvío de fondos de KIO

La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer en la Audiencia Nacional penas de 38 años de prisión para el financiero Javier de la Rosa y el abogado Juan José Folchi por delitos continuados de apropiación indebida, estafa y falsedad documental en las dos últimas piezas del caso Torras, las operaciones Quail-Acie y Prima-Oaktorn-Pincinco. Reclama además 207 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. Esas operaciones forman parte del caso KIO, el supuesto desvío de más de 375 millones de euros de la sociedad kuwaití y su filial española, el Grupo Torras.

La fiscal Belén Suárez pidió, además, penas de cinco años de prisión para el ex diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal y de 11 años para el ex consejero de Torras Jorge Núñez Lasso de la Vega y redujo de 16 a dos años la petición para el ex director financiero de Torras Miguel Soler, al que no se juzga por la Operación Acie.

En cuanto a la operación de Quail -banco de inversión propiedad de De la Rosa-, la fiscal afirmó que el financiero catalán se aprovechó de su condición de vicepresidente del grupo Torras y "hombre de KIO en España" para desviar cerca de 65,4 millones de euros a la entidad Quail. Para ocultar esos pagos, De la Rosa encomendó a Quail la gestión técnica de Torras y realizó pagos por servicios ficticios entre 1987 y 1991.

También indicó que existió un desvío de 6,3 millones de euros de Torras, a través de la sociedad Acie, del que acusó a De la Rosa y a Folchi.

En cuanto a Prima Inmobiliaria, según la fiscal, entre 1989 y 1990 De la Rosa sostuvo artificialmente en Bolsa la cotización de la inmobiliaria utilizando 65 millones de euros del grupo Torras. El objetivo habría sido intercambiar acciones de Prima por otras de Torras para expulsar de esta última a los socios minoritarios. "Torras utilizó sociedades testaferro interpuestas para alterar el valor de las acciones en Prima y actuar como pantalla de la situación de deterioro de la inmobiliaria", dijo la fiscal.

Muchas de estas sociedades pantalla estaban controladas, según Anticorrupción, por el abogado Juan José Folchi o por personas de su entorno.

En la próxima sesión del juicio, que se celebrará el 4 de mayo, la fiscal expondrá sus conclusiones sobre las operaciones Oaktorn y Pincinco mediante las que los acusados habrían desviado 300 millones de euros.

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha señalado para el próximo día 11 el recurso contra el sobreseimiento decretado por la Audiencia Nacional de la denominada Operación Croesus, vinculada a la de Icsa-Impacsa, en relación con De la Rosa y otros nueve implicados. En abril de 2003, la Audiencia redujo de 10 a 4 los implicados en dicha operación por entender que los delitos habían prescrito.