La policía libera en dos años a 3.035 extranjeras forzadas a prostituirse
Redes procedentes de Rumania controlan la mayor parte del mercado del sexo en España
De las 3.053 extranjeras sin papeles que los agentes de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) ha logrado arrancar a las redes de prostitución en los últimos dos años, más de un tercio (1.106) son rumanas. Las organizaciones procedentes de ese país han desplazado a las mafias de otras nacionalidades y controlan ya la mayor porción del mercado del sexo en España.
En lo que va de año, la policía ha detenido a 288 rumanos que se dedicaban al tráfico y a la explotación de mujeres de su país en clubes de alterne. Una cifra que sólo tiene parangón entre sus cómplices españoles (250 detenidos), pero muy alejada de los cabecillas de redes de prostitución de otras nacionalidades: 48 nigerianos, 40 brasileños, 31 rusos... Los rumanos controlan el mercado del sexo en Cataluña, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, y acaparan una parte importante del negocio en Andalucía y Baleares, según fuentes de la Comisaría General de Extranjería y Documentación.
Las causas de ese auge tienen que ver con el hecho de que Rumanía es el país cuyos flujos migratorios hacia España han crecido más en los últimos años. El que sus inmigrantes alcancen la Península por carretera facilita y abarata el transporte de las mujeres por las redes y permite a éstas ofrecerlas a los españoles que regentan los clubes de alterne a un precio bastante más bajo que sus rivales de otras nacionalidades. Por último, sus organizaciones son, "con mucho", las más violentas en el trato con las muchachas que caen bajo su dictado: "Mientras las redes latinoamericanas no suelen pasar de las amenazas y las de subsaharianos las intimidan con ritos de vudú, en las rumanas son frecuentes las palizas y las violaciones en grupo", explica un responsable policial.
Las mujeres rumanas en manos de estas organizaciones presentan características especialmente inquietantes. Son más jóvenes que sus compañeras de infortunio de otros países. Su media de edad oscila entre los 18 y los 25 años (frente a los entre 20 y 30 de las latinoamericanas y africanas). De hecho, sólo entre ellas es donde se han detectado casos de tráfico de menores: las chicas de entre 16 y 18 años entran en el espacio Schengen con su pasaporte y, cuando las obligan a prostituirse, las redes les entregan otro, falsificado, de una persona mayor. Por último, nunca logran escapar a sus captores, que conocen el domicilio de sus familias en Rumania y en cualquier momento pueden desplazarse para cumplir sus amenazas. "Siempre tienen que pagar, si quieren estar tranquilas", afirma un experto de la Ucrif.
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