Salud impulsa una ley para aumentar el control sobre los alimentos

La Consejería de Salud presentó ayer el anteproyecto de Ley de Seguridad Alimentaria, una norma que incrementará los controles en la cadena alimentaria desde la producción hasta el consumo, con el fin de proteger a los ciudadanos frente a los riesgos derivados de la ingesta de alimentos. El futuro decreto contará con la Agencia de Seguridad Alimentaria para informar a la ciudadanía e incrementará el control a las empresas, que tendrán que advertir a los consumidores sobre los casos de riesgo.

La consejera de Salud, María Jesús Montero, presentó ayer el anteproyecto de Ley de Seguridad Alimentaria, después de la aprobació del Consejo de Gobierno. El objetivo principal de esta norma es "proteger la salud de los andaluces frente a los riesgos relativos al consumo de alimentos", según la consejera.

Para ello, la ley incrementará las medidas de control y creará la Agencia de Seguridad Alimentaria de Andalucía, cuyo objetivo será informar a la población sobre las consecuencias y las medidas a tomar en caso de que se genere alerta sobre algún alimento. Además, el futuro decreto, a través del sistema de Intercambio Rápido de Información Alimentaria, obligará a las empresas a informar a la Administración sobre el proceso completo de producción de alimentos, desde su recogida hasta su consumo. "Este sistema de trazabilidad integral servirá para conocer los detalles de la cadena alimenticia, desde la granja a la mesa", explicó la consejera. Así, se pretende identificar el problema en origen para tomar medidas y pedir responsabilidades. "Queremos aumentar el autocontrol en las compañías, sin generar costes para los empresarios", añadió Montero.

En caso de sospecha de riesgo para la salud, la empresa deberá comunicar la alerta a la Agencia, informar a los ciudadanos sobre los riesgos directos e indirectos que el producto tenga sobre la salud y retirarlo inmediatamente del mercado. La consejera recordó la sentencia impuesta al Gobierno andaluz por la retirada cautelar de aceite de orujo, sin contar con datos científicos que corroboraran el riesgo. "La sentencia tenía razón", admitió la consejera. Por eso, se creará el Comité Científico Técnico - integrado por expertos de reconocido prestigio-, y el Consejo Asesor, - formado por representantes de los agentes económicos y las asociaciones de consumidores- para garantizar el principio de precaución.

La Consejería presentará el anteproyecto a los empresarios en una serie de reuniones que comenzarán la semana próxima.