La defensa cuestiona la legalidad del juicio contra un policía de Premià acusado de descuartizar a su ex mujer
La Audiencia de Barcelona empezó a juzgar ayer ayer al ex policía municipal de Premià de Mar Juan Antonio Granadal Garrido, a quien el fiscal acusa de asesinar a su ex mujer, descuartizarla y guardarla en su domicilio en varios recipientes llenos de cemento después de desfigurarle la cara con sosa cáustica. Los hechos ocurrieron el 23 de julio de 2003 en el domicilio conyugal de Premià de Dalt en el que la pareja convivía pese a estar separados desde hacía más de tres años.
La fiscalía solicita 20 años de prisión por asesinato, la misma pena que reclaman la Generalitat, que tiene a su cargo a los dos hijos de la pareja, y la acusación particular ejercida por la familia de la víctima. La defensa, representada por el abogado Albert González Jiménez, sostiene, sin embargo, que se trata de un homicidio imprudente y pide dos años de cárcel. De acuerdo con su versión, el tiro que acabó con la vida de la mujer se realizó de manera accidental mientras el policía estaba limpiando su arma, y no de manera deliberada como sostienen las acusaciones, después de golpear a la víctima.
En su exposición previa a los miembros del jurado la defensa intentó sembrar la duda sobre la legalidad del proceso recordando que la justicia había anulado el registro domiciliario realizado por los Mossos d'Esquadra sin la presencia del acusado, que horas después fue detenido. El presidente del tribunal, Josep Niubó, interrumpió en dos ocasiones al abogado defensor, quien llegó a calificar de "tonterías" los argumentos que poco antes habían planteado sus compañeros de la acusación, a los que acusó de buscar sólo su promoción mediática.
La larga intervención de la defensa comportó que se aplazase para la mañana de hoy la declaración del acusado, lo cual retrasará todo el guión previsto y los 13 testigos convocados para hoy deberán esperar varias horas más antes de declarar.
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