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Reportaje:

La carretera allana el caserío

El desalojo de un inmueble en Hernani es uno de los 600 casos de expropiación que se tramitan cada año en Guipúzcoa

Mikel Ormazabal

El caserío Bakero, en Hernani, con más de un siglo de existencia, se halla a punto de desaparecer. Una carretera va a pasarle por encima sin solución de continuidad. La Diputación de Guipúzcoa tiene que expropiarlo forzosamente y así lo ha notificado con muchos meses de antelación a sus ocupantes, dos familias de edad avanzada, dedicadas durante décadas a las obligaciones del campo, y que han recibido la orden de desalojo como una de las peores noticias de sus vidas.

"No hay nada más humillante que te digan 'vete de tu casa", asegura Bernardo Goikoetxea, dueño del caserío Bakero. La expropiación de bienes supone un complejo procedimiento que se ha convertido en una de las actuaciones más ingratas para la Administración por el rechazo visceral que genera en los propietarios, sobre todo cuando hay viviendas por medio. "Algo no funciona bien en el sistema si para construir una carretera hay que derribar una casa y se deja a la gente en la calle". Así lo ve la parte expropiada, que reclama más tacto y sensibilidad durante el proceso de desalojo. En cambio, la parte expropiante aprecia en ocasiones en el banquillo contrario tentaciones de hacer negocio con la indemnización.

Sólo el 10% de los casos de expropiación acaba dilucidándose por un jurado

Los ocupantes de las dos viviendas del caserío Bakero tratan en los últimos meses de buscar el mejor acomodo a una situación que ha sido "traumática", reconoce Goikoetxea. Tras varias reuniones sin acuerdo sobre la compensación económica -la Diputación llegó a ofrecer a los inquilinos 171.280 euros y 142.700 euros, respectivamente-, ahora empiezan a ver un poco de luz ya que la institución foral y el Ayuntamiento de Hernani se muestran dispuestos a facilitarles los permisos para construir una nueva vivienda. "Si eso es así, la mitad del problema está resuelto, y sólo quedaría acordar el precio por el caserío".

"Nunca nos hemos opuesto al derribo, ni nos hemos encerrado en casa. Entendemos que la carretera es una obra de interés general. Sólo queremos que nos permitan reconstruir una casa y nos indemnicen por la pérdida del caserío", explica Goikoetxea. El caso del caserío Bakero es semejante al de otros inmuebles de Hernani, Urnieta o Eskoriatza, municipios por los que atravesarán las principales carreteras que se están construyendo en Guipúzcoa: la autovía del Urumea y la autopista Eibar-Vitoria (A-1).

El jefe del Servicio de Gestión de Suelo de la Diputación, Ramón Hernández, quien acumula 15 años tramitando expropiaciones, asegura que el problema con los inquilinos de este caserío se encuentra "en vías de solución". Hernández apunta que "cada vez es más complicado expropiar", porque "los ciudadanos son cada vez más conscientes de sus derechos".

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El año pasado se cursaron 600 expedientes de este tipo, cuando hace un lustro eran algo más de 200. La mayoría, cerca del 90%, se resuelven "de mutuo acuerdo", y sólo unos pocos casos acaban ante al jurado de expropiación forzosa de Guipúzcoa, que establece la cantidad que deben recibir los propietarios.

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Sobre la firma

Mikel Ormazabal
Corresponsal de EL PAÍS en el País Vasco, tarea que viene desempeñando durante los últimos 25 años. Se ocupa de la información sobre la actualidad política, económica y cultural vasca. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Navarra en 1988. Comenzó su carrera profesional en Radiocadena Española y el diario Deia. Vive en San Sebastián.

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