Preparados para lo peor

La comisión gestora que hoy inicia sus trabajos tiene encomendado poner orden en el Ayuntamiento de Marbella para entregarlo en las mejores condiciones posibles a la corporación municipal que resulte elegida en las urnas en mayo de 2007. Pero antes de recetar el tratamiento, será necesario un diagnóstico de la situación, y por los indicios que se tienen de un consistorio gestionado con gran opacidad en los últimos 15 años, todo indica que el paciente presenta muchas complicaciones: banca rota, bienes embargados, un patrimonio desconocido que no se actualiza desde 1991, un plan general de ordenación urbana de hace 20 años sin revisar, unas 30.000 viviendas alegales, servicios básicos prestados en condiciones pésimas, y concesiones municipales bajo sospechas fundadas de que se adjudicaron a cambio de cohechos. El presidente de la gestora, Diego Martín Reyes, asegura que para saber con qué se va a encontrar la gestora es necesario "estar preparados para lo peor".

Desde 1991 se han construido 60.000 viviendas, pero 30.000 no están legalizadas El Ayuntamiento tiene un presupuesto de 180 millones, el 70% para gastos de personal

La comisión gestora de Marbella entra hoy en un consistorio gestionado con opacidad durante 15 años

El Tribunal de Cuentas ya calificó la situación del Ayuntamiento de Marbella de "quiebra técnica" en 2001 por el constante saqueo al sometieron las arcas municipales los sucesivos gobiernos del Grupo Independiente Liberal. No es descabellado calcular en más de 300 millones la actual deuda municipal. Sólo con la Tesorería General de la Seguridad Social ya acumula 166,9 millones de euros, 90,9 millones correspondientes al propio Ayuntamiento, y otros 76 millones a las 11 empresas municipales. Las obligaciones con Hacienda se aproximan a los 30 millones de euros. Esta abultada deuda con la Administración Pública, sin que se haya negociado un plan de pagos, ha motivado que el Estado retenga las transferencias de los ingresos que corresponden el Ayuntamiento de Marbella, que apenas recibe financiación por esta vía. De ahí, la importancia que Martín Reyes otorga a la colaboración de las demás Administraciones. Además, las peculiares formas de gobierno del GIL y su aislamiento institucional no han permitido que el consistorio se beneficie de programas de ayudas y subvenciones.

A instituciones como el Patronato Provincial de Recaudación, el Ayuntamiento marbellí debe unos 22 millones, y otros 7,7 millones a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol por la utilización de la planta de tratamiento de residuos y el suministro de agua.

De la deuda con las instituciones financieras poco se sabe, sólo que existen 50 millones de euros contraídos con el Banco Hipotecario y que las obligaciones no satisfechas con determinadas entidades han motivado el embargo de numerosos bienes de propiedad municipal, entre ellos unas 200 viviendas de promoción pública y algunas dependencias municipales como la jefatura de Policía Local de San Pedro.

El Ayuntamiento tiene un presupuesto anual de 180 millones de euros, de los que el 70%, según reconoció la ex alcaldesa Marisol Yagüe, se consume en el pago de personal. Esta es una de las principales cargas del consistorio, y de las más complicadas de aligerar, con una nómina de 3.200 trabajadores, el 50% más que Málaga, una ciudad que casi quintuplica a Marbella en número de habitantes. Se supone que con el cese de la corporación anterior, se extinguirán los contratos de los 45 cargos de confianza con sueldos boyantes que tenía el consistorio, aunque el Partido Andalucista y los sindicatos han denunciado que muchos de ellos han sido contratados como personal laboral en las sociedades municipales en los días previos a la disolución del Ayuntamiento.

El presidente de la gestora ha anunciado la personación del consistorio en todos aquellos asuntos penales que se instruyan en los que haya perjuicio para las arcas municipales al objeto de exigir las indemnizaciones que correspondan para la ciudad.

El Ayuntamiento de la ciudad que pasa por ser la tercera de Andalucía con más actividad económica tras Málaga y Sevilla apenas ha obtenido beneficios de este dinamismo. Desde 1991 se han construido en Marbella unas 60.000 viviendas, pero el legado es uno de los mayores quebraderos de cabeza para las instituciones públicas: 30.000 de ellas no tienen cobertura en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente y están por ello en situación de alegalidad. El documento de avance del nuevo PGOU que contaba con el aval de la Junta, pero que el equipo de Yagüe se resistió a aprobar, contemplaba mecanismos para poder legalizar unas 25.000, mientras que el resto quedaría fuera de ordenación a la espera de que los tribunales dicten sentencia firme sobre la legalidad de sus licencias y en consecuencia se determine si deben ser o no demolidas. Estas viviendas en principio ilegalizables son las que se han construido, con permiso del Ayuntamiento, ocupando zonas de equipamiento público y expansión de las que la ciudad tiene un considerable déficit.

La política urbanística de los gobiernos del GIL, dirigida por el cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, deja un lastre especial en la Administración de justicia, con unos 40 procedimientos penales abiertos contra ex miembros de la corporación municipal y 389 recursos contenciosos-administrativos interpuestos por la Junta de Andalucía contra licencias de obras concedidas por el consistorio. El presidente de la gestora ha anunciado que revocará de oficio todas aquellas licencias que se compruebe que fueron concedidas en contra del planeamiento vigente.

Apenas tres semanas antes de que la ex alcaldesa, su asesor de Urbanismo y otros dos miembros más de la anterior corporación fueran encarcelados, la Junta de Andalucía inició el trámite de la retirada de competencias urbanísticas al Ayuntamiento.

La gestora, que sí tiene competencias de planificación urbanística, no puede sin embargo aprobar un PGOU.

Entre los asuntos que la gestora tendrá que revisar está también la situación de algunos funcionarios públicos imputados en la trama de corrupción como el secretario municipal, Leopoldo Barrantes o el jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo, actualmente de baja por depresión. Martín Reyes ya anunció en una entrevista con El PAÍS el pasado viernes que en estos se abrirán expedientes disciplinarios para dejar apartados del servicio a los funcionarios implicados de forma cautelar hasta que se produzca una resolución judicial definitiva.