El PP, de servicios mínimos en el Estatuto

"Algunos días me levanto y digo que el nivel de acuerdo es del 90% y otros, que me llaman carroñero, digo que el 80%". Esta declaración de Javier Arenas es de hace un año. En ellas venía a reconocer que no había grandes diferencias entre las propuestas del PP y del PSOE para la reforma del Estatuto.

¿Qué ha pasado para que casi 12 meses después el grupo popular haya votado no a 11 títulos de la nueva proposición de ley, es decir, a los 250 artículos? Los socialistas e Izquierda Unida no tienen duda de que ese rechazo no se ha decidido en Sevilla, sino en Madrid por imposición de la dirección nacional del PP. Una negativa con la que pretende resucitar el debate territorial a cuenta de la iniciativa andaluza.

Las posibilidades de un acuerdo antes del pleno definitivo del día 2 en el Parlamento son remotas

Los populares nunca han creído necesaria la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía y durante el proceso de tramitación parlamentaria han optado por los servicios mínimos, tanto en los contenidos como en las asistencias de la ponencia.

Uno de los asuntos nucleares de cualquier estatuto es el de competencias. Desde primera hora se vio que el PP estaba ayuno de propuestas, como se comprueba en los listados entregados por los cuatro grupos parlamentarios en junio de 2005. El resto de las formaciones, más o menos, tenían claras sus apuestas. Los socialistas ya avanzaban entonces su pretensión de que Andalucía asumiera competencias estatales, además de participar directa o indirectamente en todos los procesos de decisión política que afecte a la comunidad. Las iniciativas de IU, las más extensas y detalladas, ya apuntaban a una clasificación por materias y el PA, reforzaba las materias exclusivas. El PP sorprendió con un pedido donde sólo figuraba una petición concreta: actualizar las referencias a las cámaras de la propiedad urbana, los agentes de cambio y bolsa y los corredores de comercio.

En la primera fase de los trabajos de la ponencia, en las que aún no se votaba, los populares manifestaron "reservas" a numerosos aspectos del Estatuto relacionados con la codecisión con el Estado o "dudas de constitucionalidad" a aspectos que reforzaban las atribuciones del presidente o la regulación de derechos. Los temores a un portazo que implicaban estos rechazos implícitos eran desbaratados por boca del presidente regional del PP, Javier Arenas, quien se mostraba no sólo convencido del consenso, sino que pronosticaba un pacto final.

Conforme el debate catalán iba avanzando los populares empezaron a guardar más sus cartas: fueron los únicos que no presentaron una propuesta específica al título que recoge los principios de la financiación de la comunidad ni tampoco al de competencias, en el que ni siquiera participaron. Incluso intentaron mezclar la bronca nacional a cuenta de la lucha antiterrorista en la reforma andaluza. Arenas llegó a afirmar que la "futura negociación" con ETA afectaría al proceso andaluz y proponía parar el reloj.

El partido que preside Javier Arenas ha querido ralentizar al máximo el proceso y en numerosas ocasiones ha reiterado que no tenía que haber "prisas" en la aprobación. De la cúpula regional, ha sido el portavoz parlamentario y ponente de la reforma, Antonio Sanz, quien ha mostrado una actitud más positiva ante el proceso, mientras que el resto de la dirección era partidario de ir mucho más despacio. Lo contrario, según la cúpula del PP, era dar bazas al PSOE.

Los populares abandonaron la ponencia a mediados de enero aprovechando un plantón del PA por las "sospechas" del agravio catalán y no sólo no firmaron el borrador de la propuesta, como se habían comprometido y al que registraron 181 votos particulares, sino que también votaron en contra.

Estos hechos apuntaban claramente un no del PP al Estatuto, pero, una vez más, Arenas prometía lo contrario. Y no sólo vaticinaba acuerdo, sino que incluso adelantó el 4 de febrero el sí en el referéndum, que tres más tarde convirtió en un no.

El PP se abstuvo en la toma en consideración de la propuesta y terminó de desvelar sus cartas cuando registró sus 225 enmiendas a la proposición. Las mismas planteaban un recorte a las competencias -al menos hay cinco que se sitúan incluso por debajo de lo aprobado en Valencia- la misma financiación de hace 25 años y la mutilación de la presencia de la Junta en los ámbitos europeos y estatal.

Y así se ha llegado hasta el pasado 19 de abril cuando el PP votó no a todos los títulos, es decir, a los 250 artículos del nuevo Estatuto. Las posibilidades de un acuerdo antes del pleno definitivo del día 2 en el Parlamento andaluz son remotas y sólo cabe esperar a lo que ocurra en el Congreso de los Diputados. Entonces ya se habrá celebrado el referéndum de la reforma catalana y en función del resultado tal vez cabe esperar otra finta verbal de Arenas.