¿Oro blanco en Aragón?
La empresa de la nieve ARAMON (holding de la nieve formado al 50% por el Gobierno de Aragón e Ibercaja) tiene previsto invertir la imponente cifra de 240 millones de euros, durante el quinquenio 2004- 2009, en las obras de ampliación de sus estaciones de esquí en Aragón. Así pues, gasta cerca de 50 millones de euros anualmente. La mitad de ese capital sale directamente del bolsillo de los aragoneses y la otra mitad de los ahorros aragoneses que Ibercaja administra.
Una sencilla comparación de las cifras globales anteriores muestra la astronomía de las mismas. Baste decir que la cantidad de dinero que Aragón recibirá en los próximos seis años (2006-2013) de Europa de Fondos Estructurales es de 315 millones de euros es decir: ARAMON tiene previsto "consumir" anualmente la misma cantidad que Europa va a ofrecer a toda la comunidad autónoma.
La cifra que General Motors tiene previsto utilizar para fabricar el nuevo modelo Meriva en Zaragoza, acondicionando su importante (y rentable) fábrica, es de unos 160 millones de euros. Compárese de nuevo la cantidad y calidad de los puestos de trabajo directos e indirectos proporcionados por esta empresa con los que proporciona la ampliación de estaciones de esquí de ARAMON.
El tan esperado Plan Teruel tiene un presupuesto promedio de 52 millones de euros anuales para invertir en todas las carreteras de la provincia, durante los próximos tres años (2006-2009). Ni que decir tiene que la cantidad real invertida en ellas durante los dos pasados años (2004-2006) es muy inferior a esta cifra. ¿Cuáles son estas cifras en la provincia de Huesca?
De todo lo anterior se obtiene que una empresa que gasta 50 millones de euros anuales debe justificar sus inversiones de forma estricta y debe garantizar que tanto el resultado de las obras que acomete, como la duración y utilización eficiente de lo que construye sean óptimas. Además, debe valorarse de forma rigurosa los daños que se producen en el entorno y los beneficios que se producen en la población de la zona. Así mismo debe considerarse si la utilización de dicha cantidad de dinero público no sería más rentable, económica y socialmente, en otro tipo de actividades o empresas.
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