Trabajadoras sexuales dan un voto de confianza al plan de atención elaborado por el Ayuntamiento

La agencia municipal que coordinará la atención a las trabajadoras sexuales que demanden ayuda entrará en funcionamiento en mayo con un presupuesto de cerca de 500.000 euros. La agencia y un teléfono de atención y asesoramiento son dos de los instrumentos centrales del plan elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona. Este plan -el primero de este tipo que se pone en práctica en una ciudad española- es respaldado por el tripartito municipal y, de entrada, también es bien visto por los colectivos que representan a las trabajadoras sexuales.

El plan de atención integral a la prostitución ha sido consecuencia directa de la aprobación de la ordenanza de civismo y convivencia, contra la que votó Iniciativa per Catalunya por entender que perseguía a los colectivos más desfavorecidos, sobre todo a indigentes y prostitutas. Por el mismo motivo se hicieron oír las protestas de los colectivos de prostitutas. Ahora, en cambio, aquel rechazo se ha transformado en apoyo, aunque con críticas al proceso. Clarisa Velocci, portavoz de un colectivo de trabajadoras sexuales, manifestó ayer: "Nosotras llevábamos años reclamando un plan integral y no queríamos que fuera consecuencia de una ordenanza. Sin embargo, le damos un voto de confianza porque atiende algunas de nuestras reclamaciones". Una de las iniciativas, el impulso para crear un centro de acogida a las prostitutas amenazadas por proxenetas y redes organizadas (véase EL PAÍS de ayer), dependerá de la colaboración de las administraciones. "Especialmente de la Generalitat, que está de acuerdo con el planteamiento", afirmó ayer la concejal de Derechos Civiles y Mujer, Pilar Vallugera, autora de la propuesta del plan, que hoy será discutido por los grupos municipales del consistorio. CiU condicionó ayer su apoyo a más concreción de objetivos y de presupuesto.

El plan establece una serie de líneas estratégicas para facilitar la salida de la prostitución a las mujeres que así lo decidan. Una de las medidas es un sistema de ayudas económicas y remuneración por la asistencia a cursos que faciliten el acceso a otros trabajos. Lo que no sabe el consistorio es el número de prostitutas que podrán solicitar entrar en ese tipo de programas. "Estaríamos satisfechos si en un año se apuntaran entre 60 y 80 mujeres", señaló la concejal. De estos cursos de formación, en principio, quedarían excluidas las inmigrantes que no tengan los papeles en regla. Precisamente el asesoramiento jurídico es otro de los puntos básicos del plan, además de facilitar el acceso a la red asistencial y sanitaria. Estos derechos, pese a estar generalizados en toda la población -incluidos los inmigrantes en situación irregular-, en el caso de las mujeres que ejercen la prostitución no son demandados por ser un colectivo especialmente marginado.

En relación con la regularización de la prostitución que supone la ley que ultima el Departamento de Interior de la Generalitat, Iniciativa per Catalunya expuso ayer sus reticencias a un texto con un marcado acento en las cuestiones de "orden público" y que no prevé medidas sociales, según el documento presentado ayer.