El reparto del dinero de Bruselas enfrenta a ministerio y Gobiernos autónomos
La reforma de la Política Agrícola Común (PAC) ha dividido al Gobierno y a las comunidades autónomas. Estas últimas se resisten a perder fondos comunitarios, mientras que el Ministerio de Agricultura considera razonable que al menos el 20% de las ayudas sirvan para impulsar el desarrollo rural de las regiones más desfavorecidas. La reforma de la PAC de 2003 contempla un recorte del 3% en las ayudas en 2005, del 4% en 2006 y del 5% en 2007 para pagos por encima de los 5.000 euros. Con carácter general, el 80% de esos recursos se quedan en cada Estado, mientras que el 20% se envía a Bruselas para su redistribución en función de tres criterios: superficie, empleo y rentas.
De acuerdo a esas reglas, España sale beneficiada. En 2005 recaudó 79 millones de euros y recibió de Bruselas 27,9 millones adicionales.
Las comunidades autónomas han recibido íntegramente los fondos recaudados al rechazar la propuesta para que un 20% se redistribuyera. Agricultura repartió los 27,9 millones de euros restantes, lo que ha favorecido a Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y, sobre todo, Galicia.
El ministerio quiere cambiar el reparto de estas ayudas, para lo que ha abierto negociaciones con las comunidades autónomas.
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