La empresa en la Constitución

Parece que veinticinco años largos después de que España tenga Constitución, la libertad de empresa es no sólo un concepto económico fundamental asumido por la ciudadanía

sino también una regla de conducta y una práctica universal; es exactamente el modelo con el que funciona la economía española. En esto no se distingue de Europa, EE UU o Japón. Ésta es una evidencia sólida, aceptada sin reservas -y no puede decirse lo mismo en el periodo que va desde 1939 a 1975-, y que, también con cierta unanimidad, parece responsable del cambio económico español ocurrido a toda velocidad desde finales de la década de los setenta. Resulta que cuando Alfonso Guerra prometía que a España no la iba a reconocer "ni la madre que la parió", el agente del cambio, según los entusiastas de la economía del mercado, no era el Gobierno socialista sino la libertad de empresa.

Pero toda evidencia necesita ser recordada de vez en cuando, para que se aprecien las virtudes o se deploren sus defectos, y, en cualquier caso, se conozca su funcionamiento. El libro de Cidoncha cumple esta finalidad con ánimo claramente exhaustivo. Es un recorrido preciso -y no siempre ameno; obsérvese como síntoma la abundancia de notas a pie de página- de la incardinación de los modelos económicos en las Constituciones europeas y españolas. El punto de partida, claro está, es la Constitución española vigente y el hecho, que Cidoncha recuerda, de que "la economía de mercado se reconoce en el marco de la Constitución, no la Constitución en el marco de la economía de mercado". Como la economía de mercado es precisamente el ámbito en el que se desarrolla la libertad de empresas, ya están planteados el orden y la relación entre Constitución y libertad de empresa. La libertad de empresa recogida en la legislación actual "no puede desarrollarse ni en el socialismo ni en el capitalismo dirigido", precisa; aunque evidentemente el texto constitucional tiene las correcciones públicas habituales en los llamados Estados sociales de Derecho. En el ámbito económico, define el autor, existen tres piezas protegidas: la propiedad privada, la libertad de empresa y el mercado. "El sujeto activo de la libertad de empresa es la empresa, por supuesto, entendida como actividad profesional organizada"; sujetos pasivos son "los poderes públicos y los particulares". Entiende, pues, el texto que la libertad de empresa es un derecho absoluto "que admite la suplencia del legislador por un juez".

Todas las precisiones anteriores, más las que de carácter histórico y recorrido geográfico contiene el libro, tienen consecuencias prácticas de alcance. No es lo mismo organizar empresas en sistemas legales como el franquista, que alentaba el intervencionismo directo de variada graduación -pero siempre presente-, cuya campanuda retórica ocultaba el dirigismo oficial ("la iniciativa privada como fuente fecunda de la vida económica"), que en una Constitución de naturaleza liberal, defensora del mercado (es decir, el capitalismo).