Abuso de tarjeta

Los europeos podrían ahorrarse hasta 100.000 millones de euros anuales si existiera un mercado único del sistema de pago de las tarjetas de crédito y de débito. En las operaciones internacionales, los usuarios particulares y las pequeñas empresas pagan comisiones abusivas, que a veces son hasta seis veces más elevadas en unos países que en otros, sin que tenga otra explicación que la ausencia de competidores. Los beneficiarios del mantenimiento de un mercado fragmentado son los grandes bancos y las principales firmas de tarjetas, que logran así unos beneficios desmesurados, según ha puesto de relieve un reciente informe de la Comisión Europea.

Más del 25% de los beneficios de los bancos proceden de esas comisiones, que vienen a suponer una media del 2,5% del pago efectuado. Recargo que funciona como un impuesto adicional sobre el consumo, encareciendo los productos y debilitando la competitividad de la economía europea. La comisaria de la Competencia, Neelie Kroes, ha advertido a esos intermediarios de que si en el plazo de 10 semanas no ofrecen propuestas que remedien la situación abrirá un procedimiento contra ellos. La comisaria quiere poner en primer plano la defensa de los usuarios y acabar cuanto antes con unos privilegios poco acordes con el discurso liberal y europeísta de sus beneficiarios.

Es saludable que Kroes, una comisaria más conocida por su papel de árbitro en los combates entre las empresas industriales más poderosas, haya fijado su atención en este abuso cotidiano que, por su dispersión, no aparece entre los grandes problemas de los países, pero que suponen un perjuicio directo -de cientos de euros anuales- para el ciudadano medio. La discriminación afecta igualmente a las pequeñas empresas, que pagan hasta un 70% más por comisiones que las grandes multinacionales

en las operaciones internacionales. La comisaria ha denunciado también las injustificables diferencias entre las comisiones abonadas por restaurantes, hoteles y agencias de viajes, que suelen ser más del doble de las pagadas por servicios financieros, ventas al por mayor y gasolineras.

Hasta ahora, las grandes instituciones financieras y compañías de servicios públicos han actuado con gran prepotencia en los mercados nacionales. Sería bueno que los usuarios identificaran las instituciones europeas como un sistema político que defiende de forma eficiente los intereses de los ciudadanos. Ojalá la comisaria pueda mantener el coraje mostrado en sus denuncias en aplicar después las medidas coercitivas necesarias si persisten las situaciones de abuso y privilegio