Pro Río llevará al presidente de la Confederación del Segura al fiscal

La Comisión Pro Río de Orihuela anunció que pedirá al fiscal jefe de Murcia que investigue la responsabilidad del presidente de la Confederación Hidrográfica, José Salvador Fuentes Zorita, al creer que no ha trasladado a la Justicia los expedientes de los dos últimos años por robo del agua. Por su lado, el colectivo Xúquer Viu denunció la falta de caudal y la contaminación del Júcar por lo que anunciaron protestas.

En un comunicado de prensa, el presidente de Pro Río, José Antonio Muñoz Grau, explicó que el presidente de la Confederación, Fuentes Zorita "no ha cumplido la obligación" de presentar, al menos, un centenar de nuevas denuncias de ampliaciones ilegales de regadíos y tomas ilícitas de aguas superficiales y subterráneas, por lo cual se dirigirán al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

Esta asociación, que defiende la conservación del río, recordó que, presuntamente, estas nuevas denuncias superan cada una los 400 euros de daños al dominio público hidráulico que establece la ley como mínimo para ponerlo en conocimiento de la Justicia. Muñoz Grau criticó que Fuentes Zorita lleva desde su toma de posesión sin enviar a la fiscalía los expedientes abiertos por la policía fluvial de ese organismo de cuenca.

En esta nota de prensa, la asociación añadió que esta situación ha sido puesta en evidencia por el fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, que ha exigido con urgencia el envío de los expedientes. Además, dijo que habría que añadir el informe hecho público recientemente por Adena sobre la situación de la cuenca, "el descontrol" que existe sobre los caudales y ampliaciones de regadíos "y la falta de actuaciones" sobre los pozos que aparecen en el sumario del robo del agua.

Por ello, el presidente del colectivo indicó que la Confederación Hidrográfica podría estar "en una situación igual o parecida a la que estaba el anterior presidente, Juan Cánovas, cuando fue imputado por la Fiscalía de Madrid por supuesta prevaricación", advirtió el portavoz del colectivo.

Muñoz Grau denunció además que los regadíos ilegales "continúan a pesar de las denuncias", al igual que pasaba en la época de Cánovas, lo que demuestra que "no hay miedo porque no pasa nada".

El presidente de Pro Río calificó de "simulacro" que la Confederación cierre los pozos que alimentan regadíos ilegales y que éstos se sigan manteniendo a pesar de la clausura y puso como ejemplo que esto sucede en la finca Salafranca de Corvera (Murcia), propiedad de uno de los imputados en el robo del agua, M.R.M. Y mantuvo que no se ha cerrado ninguno de los principales pozos que son el origen del mercado negro del agua y aseguró que cada año hay 6.000 hectáreas de nuevos regadíos, a pesar de que esto está prohibido desde 1986, según datos recabados en un informe por Adena.

El colectivo también echó mano del informe de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre la evolución del regadío en la cuenca del río Segura en el que confirma que se confirma que se han continuado ampliando la superficie de regadío desde 1986.