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El juez declara prescrito el delito de falsedad en documento para el 'caso Terra Mítica'

Los 24 imputados en la trama de facturas falsas se ven libres de la acusación

El titular del Juzgado de Instrucción número tres de Valencia dictó ayer un auto en el que, entre otras cosas, dio por prescrita para los 24 imputados en la trama de facturas falsas que implica a Terra Mítica la falsedad en documento mercantil, uno de los tres delitos por los que se abrió la causa. Los otros dos, delito societario y delito fiscal, siguen vivos, de momento, hasta que la Agencia Tributaria subsane el trámite de audiencia previa que reclamaron algunos de los imputados y que supuso la anulación de las diligencias penales en lo que a delito fiscal se refiere.

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La causa depende ahora de la Agencia Tributaria

La supuesta falsedad en documento mercantil en la causa abierta por la trama de facturas falsas que implica a Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, un delito que el Código Penal recoge en el artículo 392 para establecer penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses, ha prescrito. Así lo recoge expresamente el titular del juzgado que investiga los hechos en la parte dispositiva de un auto de 14 páginas firmado y notificado ayer a las partes. El magistrado explica, antes de esa conclusión, los últimos pasos acontecidos en la investigación. Esencialmente, se refieren a la sucesión de recursos contra su decisión de archivo provisional de la causa y suspensión de la práctica de diligencias hasta que la Agencia Tributaria cumpla el trámite que supuso la devolución de las actuaciones al momento previo a la denuncia ante Fiscalía. Todo ello para concluir, de momento, que de los tres delitos por los que se imputó a 24 personas vinculadas a 17 empresas, uno de ellos, a su juicio, aún habiéndose cometido, no supondrá un ilícito penal punible porque ha prescrito.

La trama de facturas falsas que implica a Terra Mítica Parque Temático de Benidorm fue denunciada por la Agencia Tributaria a la Fiscalía tras cinco años de investigación sobre los ejercicios 2000 y 2001.

La Agencia Tributaria fue la que entendió que existía una trama perfectamente orquestada que a través de facturas falsas incurrió en una defraudación a la hacienda pública de 2,8 millones de euros en los impuestos del IVA y societario. Y la denuncia la presentó a finales del pasado junio, al borde de la prescripción dado que se cumplían dos meses después los cinco años para el delito fiscal. La Fiscalía abrió diligencias de investigación y elevó esa cifra a 4,4 millones de euros.

El pasado noviembre se iniciaron las comparecencias, entre ellas las de altos ex directivos. Pero en febrero, el recurso presentado por uno de los imputados por vulneración del derecho a la defensa dado que no se había cumplido un trámite de audiencia previa que prevé la Ley General Tributaria aprobada en 2003, paralizó el asunto. La Audiencia de Valencia anuló todo lo actuado en vía penal respecto al delito fiscal. Con ello, empezó a contar de nuevo el tiempo respecto a cada uno de los delitos. Y, de momento, el de falsificación en documento mercantil se entiende prescrito por el instructor. El auto admite recurso.

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