El Ejecutivo simplificará la ley ambiental para no lastrar la competitividad empresarial

La patronal Pimec denunció ayer que la normativa medioambiental "perjudica la competitividad de las empresas catalanas" con medidas que encarecen los costes y que no tienen que cumplir las compañías radicadas en otras comunidades autónomas o en otros países europeos. El presidente de la organización empresarial, Josep González, realizó esta advertencia en la presentación del documento Propuestas Pymes. Prioridades 2006, en el que se pone de manifiesto la pérdida de 4.000 empresas del sector industrial en Cataluña desde 1999. La directora general de Calidad Ambiental de la Generalitat, Maria Comellas, recogió el guante y se comprometió a que el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda del Ejecutivo autónomo ponga en marcha "modificaciones" en la ley de intervención general de la administración ambiental, vigente desde 1998, con el objetivo de "simplificar" la normativa. Además, Medio Ambiente "otorgará las prórrogas que hagan falta" a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para su adaptación a las leyes que regulan el medio ambiente, afirmó Comellas.

Pimec presentó el documento a un conjunto de autoridades y empresarios, entre los que destacan varios consejeros del Gobierno autónomo; el presidente del Parlament, Ernest Benach, y los líderes de la oposición, Artur Mas (CiU) y Josep Piqué (PP). González explicó que el sector industrial en Cataluña tiene un "serio" problema por la aplicación de la normativa ambiental, que incluye un amplio espectro de medidas que van de los residuos a las emisiones.

"Se exige más en Cataluña que en otras comunidades y en otros países europeos", explicó Vicenç Moreno, dirigente de la patronal, que reclamó también la ayuda de otras administraciones. "Las tasas medioambientales que aplican los ayuntamientos son un auténtico desbarajuste. Por un mismo concepto, hay municipios que aplican tasas de 6.000 euros a las empresas, cuando en otras localidades hay que pagar 600 euros", dijo. Moreno reclamó "unificar" las tarifa que aplican los ayuntamientos, pero también pidió al Ejecutivo central un incremento de las deducciones que pueden aplicarse las empresas en el impuesto de sociedades por los gastos medioambientales, del actual 10% al 50%.

Junto a las modificaciones legales y a la prórroga para las pymes, Medio Ambiente aseguró que el Instituto Catalán de Finanzas abrirá una línea de créditos para que las empresas puedan financiar las adaptaciones a las leyes medioambientales. Además, el departamento que dirige Salvador Milà ha asumido el compromiso de considerar la vida útil de las empresas para que las que tienen previsto cerrar en breve no deban acometer las inversiones que requiere la normativa.