La fiscalía instruye 15 diligencias por asuntos urbanísticos de Benalmádena, según el PSOE

La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga tiene abiertas diligencias previas por al menos 15 decisiones en materia de urbanismo tomadas por el Ayuntamiento de Benalmádena, al que la Junta además ha impugnado en los tribunales 19 acuerdos que vulneran la legalidad, según datos facilitados por grupo municipal del PSOE. El alcalde, el independiente Enrique Bolín, anunció ayer acciones judiciales contra los concejales socialistas "por la propagación interesada de informaciones y acusaciones falsas que buscan dañar gravemente la imagen de Benalmádena".

El grupo socialista envió el pasado lunes un comunicado a los medios de comunicación en el que asegura que Benalmádena es uno de los municipios de la Costa del Sol con más irregularidades urbanísticas, que cifró en torno al centenar, que acompañó de una relación de 34 casos que han motivado litigios judiciales. La reacción del alcalde fue emprenderla contra el mensajero, y la misma tarde del lunes hizo que la Policía Local buscara a cada uno de los cinco concejales socialistas para entregarles un requerimiento en el que les emplaza a indicar quien de ellos es el autor del comunicado "a efecto de depurar las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de ese escrito".

Para el portavoz del PSOE en Benalmádena, Juan Cañete, se trata de una "intimidación y un intento de coacción intolerables". "El que tiene que dar explicaciones de sus actuaciones es el equipo de gobierno y no la oposición", aseguró.

Bolín insistió ayer en que emprenderá acciones judiciales contra los ediles socialistas tras reunirse con sus asesores jurídicos. Sostiene que la información facilitada por el PSOE es una "mentira de primer orden" y que en todo caso "son los jueces quienes deben determinar cuantas irregularidades se han cometido en Benalmádena y hasta el momento no ha prosperado ninguna denuncia". El alcalde alega estar "muy dolido" porque se "ha obviado" la presunción de inocencia y porque se pretende comparar la situación de Benalmádena con la de Marbella de forma interesada cuando asegura que no tienen nada que ver.

Desde hace dos años, la Junta viene advirtiendo al Ayuntamiento de Benalmádena del uso abusivo de las modificaciones de elemento al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) -nueve de ellas están impugnadas en el TSJA-. Incluso la Comisión Provincial de Urbanismo ha instado formalmente en dos ocasiones al consistorio benalmadeño a iniciar la revisión de su PGOU y adaptarlo a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). La Junta tiene impugnadas además 10 licencias y las ordenanzas de edificación y construcción aprobadas por el consistorio.

Entre los asuntos en manos de la fiscalía, figura la concesión de una licencia para 17 viviendas en Cortijo de la Hidalga a un ex concejal del Grupo Independiente de Benalmádena (GIB) con exceso de edificabilidad respecto a lo previsto en el PGOU. También, dos licencias en Torrequebrada en la que a pesar de los informes técnicos desfavorables, el alcalde escribió de su puño y letra en el expediente que se concedieran.