Las administraciones central y vasca abren la negociación "técnica" sobre la nueva ley del Cupo

La Ley 13/2002, que establece el calculo del cupo vasco para el periodo 2002-2006, caduca el 31 de diciembre de este año. Antes de esa fecha las administraciones central y vascas deberán negociar la nueva norma. El Ministerio de Hacienda asegura que ya han comenzado los contactos técnicos y que el ambiente es bueno. Sin embargo, no se ha fijado un calendario y experiencias anteriores muestran que se suelen agotar lo plazos. El Gobierno vasco rehúsa opinar sobre el proceso abierto, aunque recuerda que está pendiente la firma del convenio para financiar las obras de la Y ferroviaria vasca.

Euskadi contribuye con el Cupo a las cargas del Estado por las competencias no asumidas por la comunidad autónoma, incluida la aportación al fondo de solidaridad interterritorial, de escasa cuantía. Este sistema tiene como particularidad que se regula cada cinco años por una ley de artículo único, que se pacta entre las administraciones vascas (Gobierno y diputaciones) y la Administración general del Estado y se aprueba en el Congreso sin debate, en lectura única. La ley del Cupo en vigor se negoció siendo presidente del Gobierno José María Aznar y en una claro clima de enfrentamiento entre el Ejecutivo vasco y el central. Su aprobación, que coincidió con la renovación y ampliación del Concierto Económico, se hizo con cinco meses de retraso. No se aprobó hasta mayo de 2002, el primer año en que debía estar en vigor.

Los tiempos han cambiado. El Concierto ya no precisa renovaciones porque se le ha dado un carácter indefinido y no existen grandes contenciosos entre las administraciones vasca y central. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que ya se han iniciado los contactos técnicos entre ambas partes, un dato que el Ejecutivo vasco ni confirma ni desmiente. El equipo del ministro Solbes espera que la negociación transcurra sin problemas, dado que el clima de las relaciones entre las administraciones ha cambiado mucho en este tiempo.

Desde el ministerio se señala que no es sólo la situación de alto el fuego de ETA, sino la colaboración parlamentaria entre el PNV y el Gobierno del PSOE lo que hace que la situación sea diferente a cuando gobernaba el PP. Y esto a pesar de que la discusión del Estatuto de Cataluña, con el elemento central de la financiación, ha puesto los focos sobre el especial sistema con que cuentan Euskadi y Navarra, que les ofrece unos recursos públicos por habitante muy superiores a los del resto de comunidades.

El convenio de la 'Y'

En cualquier caso, antes de acordar si se entra o no a revisar a fondo una metodología del cálculo de la aportación del País Vasco a los Presupuestos del Estado -ésta no ha variado en lo sustancial desde que se estableció en la primera ley del Cupo de 1981-, ambas partes tienen un tema pendiente. Se trata de la firma del acuerdo para financiar la Y ferroviaria vasca, que afecta tangencialmente al Cupo. Gracias a este convenio, el Gobierno vasco podrá participar en la ejecución de la red ferroviaria en velocidad alta, que es competencia del Estado, contratando su tramo guipuzcoano. El dinero que aporte como adelanto se lo podrá deducir luego de la cantidad del Cupo. En los presupuestos del País Vasco ya se consignó un crédito de 100 millones de euros para este fin.

El Ministerio de Hacienda ha dado ya su visto bueno a la fórmula, prevista en el Concierto, y dice que la firma depende sólo del Ministerio de Fomento. Los gabinetes de la consejera de Transportes, Nuria López de Guereñu, y de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez tienen pendiente fijar la fecha, que se esperaba en torno a Semana Santa.

La negociación de la ley del Cupo para el quinquenio 2007-2011 va a ir ligada a la de la ley de Aportaciones, que regula el reparto de los recursos del Concierto Económico, pero internamente, entre las diputaciones y el Gobierno. Las diputaciones, especialmente Álava y Guipúzcoa, exigen un cambio en el sistema de financiación, porque consideran que el Ejecutivo recibe más fondos de los que precisa, lo que le permite tener superávits, mientras los entes forales deben endeudarse para pagar sus competencias.

La ley del Cupo establece tradicionalmente el sistema de cálculo para el primer año y fija unas normas de actualización de esta aportación. Como base de cálculo se toma el índice de imputación del 6,24%, que sería el peso de la renta de los tres territorios históricos vascos respecto a la del conjunto de España. Esta cifra se ha mantenido estable desde que en 1981 se recuperó el Concierto Económico para Vizcaya y Guipúzcoa (Álava y Navarra no lo perdieron durante el franquismo).

Los expertos en financiación autonómica señalan que es prácticamente imposible que el peso de Euskadi haya permanecido inalterado durante 25 años. Dicen que debería haber variado en una u otra dirección, y no lo ha hecho. La respuesta que se dan al hecho de que no se haya actualizado hasta ahora es esencialmente política.

El índice de imputación se aplica al gasto que figura en los Presupuestos Generales del Estado para todas las competencias que Euskadi no tiene asumidas (fuerzas armadas, servicio exterior, etc.). La cantidad resultante de la aplicación de ese índice es el Cupo provisional. Sin embargo, no es este el importe que transfiere, en tres pagos anuales, el Gobierno vasco a la Hacienda del Estado. A esa cifra hay que descontarle los ajustes de otros flujos financieros para obtener el Cupo líquido, que es la cantidad real que se paga. El Cupo del primer año se actualiza aplicándole el resultado de la división de la recaudación líquida de los ingresos concertados del año en cuestión entre la recaudación líquida de los ingresos concertados del primer año de vigencia de la ley.