La Comisión Jurídica aconsejó al Gobierno que la reforma funcionarial se hiciera por ley
La Comisión Jurídica Asesora (Cojua), el máximo órgano consultivo del Gobierno, recomendó al departamento de Vicepresidencia que abordara mediante un cambio de la Ley de la Función Pública Vasca (LFPV), y no por decreto, la reforma del estatus de los funcionarios aprobada en abril de 2005. Este intento de flexibilizar el actual sistema de promoción y la carrera profesional de los funcionarios ha sido anulado por una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, tras un recurso del sindicato UGT. La razón fundamental por la que el tribunal considera que el decreto de abril de 2005 incurre en "un vicio de nulidad de pleno derecho" es, precisamente, que la regulación de los aspectos incluidos en él, "de gran calado", sólo puede hacerse por ley.
El texto de la propia sentencia, dictada el pasado 9 de marzo, aunque no se comunicó a las partes hasta la semana pasada, recoge puntos del informe preceptivo realizado por la Comisión Jurídica Asesora sobre el contenido del decreto, en los que aconseja abordar una reforma de la Ley de la Función Pública que dé cobertura a los cambios pretendidos. Pese a dar el visto bueno al decreto que regula las denominadas Áreas Funcionales de la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos, el órgano asesor señala: "Habría que reflexionar sobre la necesidad de que la LFPV refleje el fenómeno de las Áreas Funcionales y, en el contexto de la ley, se estudien todas esas implicaciones y, en su caso, se establezcan las adaptaciones procedentes". Más adelante, la Comisión cree necesaria "una intervención legislativa que dé cobertura al sistema".
"Gran calado"
En su sentencia (ver EL PAÍS del sábado pasado), la Sala de lo Contencioso afirma que el decreto aborda una reforma que, "aunque enunciada de forma sumamente concisa, es de gran calado" y requeriría la intervención del Parlamento. Aquélla, añade, "se dirige a ordenar la función pública en relación con la carrera profesional y la movilidad" de los funcionarios no tanto sobre los principios establecidos en la Ley de la Función Pública Vasca, "sino a través de la especial valoración del trabajo desarrollado". Y en este aspecto se le concede un papel fundamental al "titular del Departamento competente en materia de función pública", en este caso la Vicepresidencia, que dirige Idoia Zenarruzabeitia.
El sindicato UGT, que fue quien presentó el recurso, valoró la sentencia como "un serio revés" para el "plan estrella" de la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia. A juicio de la central, con el pretexto de la "modernización administrativa", el proyecto suponía "un recorte arbitrario de las posibilidades de promoción y carrera profesional de los empleados públicos", "ninguneando al Parlamento vasco y usurpando las competencias de éste".
