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La Generalitat pagará los posibles retrasos del aeropuerto de Castellón

La adjudicataria fuerza cambios en el contrato por si se demora el inicio de la explotación

La sociedad adjudicataria de la construcción y explotación del futuro aeropuerto de Castellón, Concesiones Aeroportuarias, SA (formada por FCC, Lubasa, PGP, Caja Madrid, Bancaja y Abertis), ha forzado la inclusión de varios cambios en el contrato de adjudicación, con los que ha logrado que la Generalitat cubra, económicamente, los riesgos derivados de posibles futuras demoras en la puesta en marcha de la infraestructura.

El proyecto tiene pendientes trámites como la fijación del espacio aéreo

El sistema de indemnización no será el de incremento del plazo de concesión, como suele determinarse habitualmente, sino que la Administración autonómica habrá de pagar, con dinero, las paralizaciones, suspensiones o desencuentros entre administraciones, en el caso en el que se den y de que estas provoquen un retraso en el inicio de la explotación. La orden de paralización decretada por el Ministerio de Fomento, por una irregularidad en la tramitación del proyecto, ha supuesto un parón de casi cinco meses y un toque de atención para el adjudicatario y promotor, que no descartan que se puedan producir otros retrasos "administrativos". De hecho, el proyecto tiene pendientes varios trámites tan importantes como la fijación del espacio aéreo, así como algunos requerimientos de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), que podrían provocar demoras y riesgos que la adjudicataria no está dispuesta a cubrir y que, consentidamente, cubrirá la Generalitat, principal socio de la promotora del proyecto, Aerocas. La paralización de Fomento ha supuesto, según promotora y adjudicataria, 18 millones de euros, que ya se han reclamado a la Generalitat. Sin embargo, la mercantil aún no ha exigido la indemnización por una anterior paralización decretada judicialmente ante el incumplimiento de la declaración de impacto ambiental, pese a que el contrato inicial ya recogía que debía ser la Administración la que se hiciera cargo de ésta.

El contrato, antes de los nuevos añadidos, ya contó con la reprobación de la Sindicatura de Comptes, que en 2004 indicó que desde la licitación hasta la firma del mismo se habían realizado tantas modificaciones en el contrato de concesión -también a petición de la UTE adjudicataria- que llegó a cambiar las condiciones del pliego. Por este motivo, según el Síndic, se debería haber convocado un nuevo concurso "para respetar los principios de contratación" que marca la ley, según señalaba el informe de la Sindicatura. Entre otras cosas, la mercantil hizo que se recogiera la obligación de la Generalitat de pagar seis euros por cada uno de los 600.000 viajeros que no llegue a Castellón en 2007. De momento, el plazo de apertura de las instalaciones ya se ha retrasado hasta 2008.

Además de todos los riesgos que cubre la Generalitat para la adjudicataria, la Administración autonómica ha avalado un préstamo de Aerocas por valor de 44 millones de euros, de los que comenzará a pagar intereses dentro de dos años. También la Generalitat será la que tenga que hacer frente al posible sobrecoste del suelo del aeropuerto, expropiado con la calificación de rústico, hecho que ha provocado la presentación de decenas de recursos por parte de los propietarios.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 10 de abril de 2006