El Puerto rehace su PGOU para adaptarlo a la Ley del Suelo y elimina 19 convenios privados

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz, 83.000 habitantes), que gobiernan Independientes Portuenses (IP) y el PSOE, ha concluido la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) después de cinco años. Según el concejal y secretario local del PSOE, Ignacio García de Quirós, el documento ha evolucionado desde modelos especulativos y poco respetuosos con el patrimonio y el medio ambiente hasta un resultado final "con mayor sensibilidad social". El PP ha advertido de que absorberá el 80% del endeudamiento del consistorio.

El texto ha sufrido un retraso de tres años (se quería presentar en 2003) por la necesidad de adaptarlo, cuando ya estaba casi concluido, a la nueva Ley de Urbanismo de Andalucía (LOUA) y la firma del acuerdo de gobierno con el PSOE, lo que ha forzado a IP a renegociar las condiciones del plan.

El Partido Popular, a través de su portavoz local, Aurelio Sánchez, ha advertido que el nuevo texto es inviable desde el punto de vista económico porque su ejecución absorbería el 80% de la capacidad de endeudamiento del Consistorio.

El plan deberá ser ahora votado de nuevo en las fases de aprobación inicial y provisional, y presentado a exposición pública para la presentación de alegaciones antes de ser sometido al criterio final de la Junta.

El nuevo documento incluye modificaciones sustanciales. Las viviendas de protección oficial pasan del 15% al 30%, es decir, de cada 100 nuevas viviendas, 30 serán VPO. También se ha creado un cinturón verde que rodeará la ciudad, con un doble objetivo: servir de pulmón medioambiental y establecer un límite físico al crecimiento de las construcciones durante la vigencia del texto.

El plan fija la construcción de unas 23.000 nuevas viviendas y la legalización de unas 3.300 construidas al margen del planeamiento actual. Los mayores niveles de contención del crecimiento serán establecidos en el centro de la ciudad.

El nuevo modelo provoca, además, la caída de 19 de los 22 convenios urbanísticos apalabrados por el Ayuntamiento con inversores privados. La firma inicial de estos convenios provocó una airada respuesta ciudadana y política. Los denunciantes acusaron al alcalde, Hernán Díaz Cortés (IP), de dejar la ciudad en manos de los promotores inmobiliarios recalificando suelos para el mercado privado. En la presentación del PGOU revisado, Díaz Cortés explicó que ahora "los promotores inmobiliarios tienen dos alternativas, o renegociar las condiciones de sus acuerdos, para incluir una mayor reserva de suelo para VPO hasta alcanzar el 30% del total, o desistir en su iniciativa".

Según Díaz Cortés, los incumplimientos de los convenios firmados no va a provocar al Ayuntamiento reclamaciones por daños y perjuicios, ya que cada uno de ellos incluía cláusulas que fijaban la necesidad de adaptar sus términos a ulteriores modificaciones de la norma urbanística. El PP acusó al gobierno local de "engañar" a los inversores interesados en el aprovechamiento del suelo.

Las Beatillas

Por otra parte, el nuevo PGOU recoge el desarrollo de la finca Las Beatillas, en la Sierra de San Cristóbal. Se trata del proyecto de construcción de un campo de golf, un complejo de viviendas y un centro de congresos con instalaciones deportivas y de restauración promovido por el empresario José Antonio López Estera (JALE), que inició la actuación sin contar con las licencias necesarias y ocupando suelo protegido, según denunció más tarde la Junta. Lo construido ilegalmente está pendiente de ser demolido por Obras Públicas "para restablecer la legalidad urbanística".

Sobre los suelos de Las Beatillas donde sí hay capacidad de actuación urbanística, el plan facilita al empresario licencias para la construcción de unas 1.500 viviendas, aproximadamente la mitad de las previstas.

El documento ha sido entregado a la oposición para su estudio. El alcalde expreso su confianza en que la aprobación definitiva de la Junta se produzca antes de que finalice el actual mandato.