Acció Cultural y STE-PV advierten al Consell contra una nueva orden de títulos de valenciano

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y el Sindicat de Treballadors y Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STE-PV) consideraron que el Consell incurrirá en prevaricación si dicta una nueva orden que deje sin efecto la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS), que ha anulado el decreto dictado en 1995 por el PP. Éste retiraba la homologación de títulos de valenciano y catalán. Ambas entidades anunciaron que volverían a recurrir.

El Consell "parece no querer arriesgarse a un nuevo fracaso judicial", dice la letrada

Las dos entidades han ganado finalmente el recurso que promovieron contra la orden dictada por el Consell del PP en diciembre de 1995, que derogaba parcialmente otra aprobada en agosto del año anterior por el Gobierno socialista, sobre la homologación de los certificados oficiales de conocimiento del idioma exigibles a los funcionarios.

La derogación de esa orden, que equiparaba los títulos de la Junta Avaluadora de la Llengua Catalana de Baleares y por la Junta Permanent de Català de la Generalitat de Cataluña con los de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, fue una de las primeras decisiones del PP tras acceder al poder en la Generalitat en 1995. Y ahora que ha sido anulada por el Supremo, el Consell anuncia que volverá a dictar una nueva orden para deshomologar los títulos. Algo que las dos entidades considerarían una prevaricación.

Para el STE-PV, las declaraciones del Consell en ese sentido son "improvisadas, por haber pasado del anuncio de un recurso, cuando este es inviable, a anunciar la publicación de una nueva orden". Son también producto del "nerviosismo, por haber quedado en evidencia ante la sociedad valenciana por los tribunales de justicia". La política del Consell ha sido "desenmascarada rotundamente y el círculo jurídico está cerrado", a juicio del Consell.

Considera, además, que el Consell tendría que aceptar las diferentes sentencias (Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana), los informes del mundo científico y universitario, su propia ley de creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el dictamen de esta última y la normativa estatal sobre educación, y dejar de manipular sobre este asunto. Para el STE-PV, "es curioso que el PP se llene la boca, cada día, en defender la Constitución y no acepte las sentencias del alto tribunal encargado de velar por su cumplimiento".

Mientas, la letrada de ACPV, Mercé Teodoro, recuerda que la reciente sentencia del Supremo es susceptible de recurso de amparo ante el Constitucional. "Si la Generalitat no la quiere recurrir es porque es muy posible que el eventual recurso no fuera ni tan solo admitido a trámite. Y si fuera admitido a trámite, sería desestimado porque precisamente, la sentencia del Tribunal Supremo se fundamenta en la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional", señala.

La letrada añade que "la Generalitat parece no querer arriesgarse a un nuevo fracaso judicial y opta por volver a dictar la orden, basándose en la existencia de un nuevo Estatut que cambia el nombre de la lengua". Ahora, además de valenciano, denominación que se mantiene, "figuran también la de idioma valenciano o lengua valenciana". Aun así, añade, la entrada en vigor del nuevo Estatut "no altera la interpretación jurídica" que hacen el Supremo y el Constitucional. Porque, por una parte, "lo único que hace es volver a incidir en el criterio nominalista, que ya ha sido descartado como criterio correcto para dirimir la cuestión" y, por otra, porque el nuevo Estatut "otorga, con el máximo rango estatutario, a la Acadèmia Valenciana de la Llengua la competencia para dictaminar sobre el valenciano, dictamen en el que se ha basado el Supremo para decidir a favor de la unidad de la lengua".

Si el Consell reitera la orden anulada, ACPV volverá a impugnarla. "Y no sólo la impugnará, sino que pedirá a los Tribunales su suspensión cautelar mientras se resuelve el pleito, de tal manera que nunca pueda ser aplicada", porque, como ha dicho el Supremo, "es contraria al derecho fundamental a la igualdad y al derecho a acceder a la función pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad". Para ACPV, el anuncio de la reedición de la orden es una "huida hacia delante que permite al Consell llegar a las próximas elecciones con una imagen pública de anticatalanismo activo que le resulta útil para no perder los votos que otras organizaciones".