La Cámara de la Propiedad de Álava busca un acuerdo con Vivienda para repartir servicios

La ex presidenta de la Cámara de la Propiedad de Álava, Isabel Martí, rechazó ayer iniciar "por ahora" una batalla judicial con el Departamento de Vivienda tras la aprobación del decreto que liquida las cámaras como corporaciones de derecho público. Aunque la nueva asociación que ha surgido tras la intervención del Gobierno de estas antiguas de defensa de los propietarios no descarta las acciones judiciales -como ya han iniciado la de Vizcaya y la de Guipúzcoa-, primero quiere explorar la vía del acuerdo con el Ejecutivo vasco para llegar a un reparto de los servicios. A renglón seguido puntualizó, no obstante que, "el Gobierno cada vez se aleja más de la salida negociada pactada y, además, ha olvidado los derechos de los asociados que pagan voluntariamente su cuota".

Protección de datos

Martí anunció que la nueva asociación ya dispone de un nuevo local, que está reformando para dar servicio a los propietarios. La media de las cuotas en Álava es de unos 5 euros y la nueva asociación está a la espera de pasar los recibos a los cerca de 50.000 antiguos socios.

La remesa bancaria, sin embargo, está paralizada hasta que la Agencia de Protección de Datos, resuelva una consulta elevada por la nueva asociación de propietarios. Sus responsables quieren saber si pueden utilizar la base de datos de socios de la antigua Cámara de la Propiedad para asegurar la financiación de la nueva. La base de datos es del Gobierno vasco, tras asumir la responsabilidad sobre las tres cámaras el pasado mes de febrero.

Martí indicó que está a la espera de pasar la remesa para comenzar a hacer gastos en la nueva sede. Anunció que, si bien de manera un poco precaria, ya están ofreciendo servicios a los propietarios. "El Gobierno vasco puede asesorar, pero no puede legalmente dar otros servicios, como realizar un informe jurídico o, por ejemplo, defender a un propietario en el supuesto de una expropiación". Martí que añadió que este año se han abierto 768 expedientes nuevos y se están tramitando actualmente unos 74 asuntos judiciales.

Fuentes del Gobierno vasco indicaron que ya están ofreciendo de manera gratuita los servicios que establece el decreto: es decir, información y asesoramiento de los derechos de propietarios y arrendatarios; visado oficial y registro de contratos de arrendamiento; mediación y conciliación entre propietarios e inquilinos, y, finalmente registro, depósito y gestión recaudatoria de las fianzas de arrendamientos urbanos. La gestión de las comunidades de vecinos ya ha sido transferida a la nueva asociación.

Por si parte, Isabel Martí indicó que espera que la "convivencia" entre las dos entidades sea buena y se complementen los servicios para que al final los ciudadanos sean los principales beneficiados.