Los demócratas exigen explicaciones a Bush por filtrar datos sobre Irak

La revelación de que George W. Bush dio permiso para que el ahora procesado Lewis Libby, ex jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney, filtrara en 2003 información a una periodista para reforzar los argumentos que habían llevado a la invasión de Irak ha abierto un nuevo frente de críticas contra la Casa Blanca. "Los norteamericanos tienen que saber la verdad", dijo Harry Reid, líder demócrata en el Senado, una de las muchas voces que exigen que se aclare el papel desempeñado por el presidente. El índice de aprobación de Bush sigue cayendo, hasta el 36% según el último sondeo de Ipsos.

De las declaraciones de Libby no se deduce que Bush diera la orden de filtrar el nombre de la agente de la CIA Valerie Plame como represalia por las críticas de su marido, Joseph Wilson, a la Casa Blanca por no tener en cuenta su informe que descartaba que Níger hubiera vendido uranio a Sadam Husein. Pero el hecho de que el presidente no dudara en permitir la filtración de información clasificada para justificar la decisión de ir a la guerra ha reactivado el debate -ya caliente, por la autorización de las escuchas electrónicas- sobre el empleo del poder presidencial.

Con lo primero que choca la situación es con las reiteradas afirmaciones de Bush al hablar del caso Plame. En septiembre de 2003, el presidente dijo: "No sé de nadie de mi Gobierno que haya filtrado información clasificada; si alguien lo ha hecho, me gustaría saberlo, para tomar las medidas adecuadas". Días después lo reiteraba: "Hay demasiadas filtraciones de información clasificada en Washington: en el Ejecutivo, en el Legislativo... demasiadas. Si hay filtraciones en el Gobierno, quiero saber quién ha sido. Y si alguien ha violado la ley, se tomarán medidas".

¿Violó la ley el presidente al permitir que Libby dijera a Judith Miler, de The New York Times, que los informes de inteligencia permitían afirmar que Irak había querido reconstruir sus armas de destrucción masiva? No llegó a afirmarlo el senador demócrata John Kerry, pero sí consideró "increíblemente desacertado" el asunto. "Si estaba en contra de las filtraciones y fue él el que filtró, debe explicar cuál era la diferencia", según su compañero Charles Schumer, que cree que, "como mínimo, tanto Bush como Cheney tienen que informar abiertamente sobre su papel". "Hay que exigirles responsabilidades por llevar a engaño a los estadounidenses y por revelar material clasificado por razones políticas", dijo Dick Durban, también senador demócrata. Para The New York Times, no está legalmente clara la autoridad de Bush para desclasificar informaciones: "Da la impresión de ser un abuso de poder".

Investigación en curso

Scott McClellan, portavoz presidencial, trató de apagar el fuego, aunque pasó apuros -una situación cada vez más frecuente- y tuvo que recurrir, en más de media docena de ocasiones, a esta frase: "Hay una investigación en curso y nuestra política es no comentar nada en estas situaciones". McClellan, que fue crucificado por los periodistas, lo pasó mal con las fechas: la filtración de Libby se produjo 10 días antes de la decisión de desclasificar el Informe nacional de seguridad de 2003. El portavoz, sin perder la calma ni la sonrisa, estableció la línea defensiva de la Casa Blanca al decir que una cosa es filtrar asuntos que ponen en peligro la seguridad nacional -puso como ejemplo la filtración sobre las escuchas electrónicas-, y otra, diferente, "proporcionar información". "El presidente jamás autorizaría revelar una información que comprometiera la seguridad nacional".

El responsable de Justicia, Alberto Gonzales, aseguró que el presidente "tiene autoridad inherente para decidir quién debe tener información clasificada", una afirmación que puede cumplir con los requisitos legales pero que no despeja las críticas sobre la utilización política. El Partido Republicano lo reiteró: "El presidente tiene el derecho a desclasificar información en cualquier circunstancia. Y no hay ninguna indicación de que él o el vicepresidente autorizaran la revelación sobre la identidad de Valerie Plame".

Bush está de nuevo a la defensiva en un momento pésimo: según el último sondeo de Ipsos, su índice de aprobación está en el 36%. El del Congreso es aún peor: un 30%. Si se llega a las legislativas de noviembre con una percepción que combina la pérdida de confianza en el presidente con la censura a un Congreso de mayoría republicana, se darían las condiciones para un cataclismo conservador. El sueño del Partido Demócrata es convertir 2006 en 1994, cuando los republicanos tomaron el control del Capitolio por primera vez en medio siglo. A pesar de la convicción de Howard Dean, presidente del partido, de que eso es lo que va a ocurrir -y el sondeo mencionado dice que eso es lo que cree el 49%, frente al 33%-, otros líderes son más cautelosos.